‘7.291’ fallecidos en las residencias de Madrid durante la Covid-19
Según cifras del gobierno de la Comunidad de Madrid, reflejadas en el Portal de Transparencia, fueron 7.291 los fallecidos en las residencias de mayores por la prohibición de derivarlos a centros hospitalarios como indicaban los ‘Protocolos de la vergüenza’.
[Familia – Tercera Edad / Salud]
‘7.291’, el documental sobre las muertes en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, dirigido por Juanjo Castro, fue emitido por RTVE y fue visto `por 1,3 millones de personas, resultando ser la emisión más vista del día de ambos canales.
‘7.291’ se emitió el 13 de marzo de 2025 simultáneamente en La 2 (8.9% de cuota y 758.000 espectadores) y el Canal 24 Horas (6.1% y 520.000). El presidente de RTVE, José Pablo López, eleva a un 25.8% el seguimiento de la producción sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, por el público madrileño.
Debemos señalar que el documental fue rechazado en su día por Telemadrid y señalado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las horas previas a su emisión.
De hecho, desde el Ejecutivo regional pidieron a RTVE que emitiera un vídeo de la presidenta madrileña hablando sobre su magnífica gestión de la pandemia para contrarrestar el documental de las residencias de mayores, exigencia de Ayuso a la que la radiotelevisión pública se negó.
El negacionismo de Ayuso
La cifra de 7.291 fallecidos fue la que contabilizó la propia Comunidad de Madrid, cosa que ahora la presidenta madrileña afirma que fue un ”invento” de un exconsejero y, pese a los documentos publicados, niega que se excluyera a las personas mayores de la atención hospitalaria, cosa que vemos que no es así en los ‘Protocolos de la vergüenza’*.
Aunque ya han pasado cinco años de la pandemia, nadie puede obligarnos a olvidar lo que ocurrió. Están intentando tergiversar la mortal gestión que se hizo de las residencias de personas mayores, especialmente quieren que se olvide lo más vergonzoso: los Protocolos que el gobierno de Ayuso envió a las residencias de mayores prohibiendo derivar a hospitales a los residentes que estuvieran enfermos.
Además, insistimos, según las cifras de su propio gobierno, por culpa de esos protocolos fallecieron sin asistencia sanitaria 7.291 personas en las residencias madrileñas, según recogió Infolibre basándose en datos que le dio el Ejecutivo regional a través del Portal de Transparencia.
Las culpas son de otros
El diario recogió el listado con los 81 centros más azotados por la pandemia con el número de fallecidos en marzo y abril de 2020, siempre con las cifras aportadas por la Comunidad de Madrid. Es de esos datos oficiales de donde sale la cifra de ‘7.291’, que da nombre al documental.
Ahora, la presidenta madrileña dice que, en realidad, los muertos en esos centros de mayores fueron 4.100 (que no se sabe de donde sale este número) “y nunca porque no se les ayudara”, que el número de 7.291 fallecidos «fue un invento del consejero Reyero**“, al que el Gobierno de Ayuso le culpa de todo.
También niega la realidad de los llamados ‘Protocolos de la vergüenza’. En esta ‘rabieta’ lanza furibundos ataques contra RTVE y contra quienes no quieren comulgar con ruedas de molino.
*Los Protocolos
Según elDiario.es, a partir del 18 de marzo de 2020, solo seis días después de la declaración del estado de alarma, la Comunidad de Madrid envió a las residencias de mayores y a los centros sanitarios protocolos para evitar que los ancianos de residencias fueran trasladados a hospitales.
Infolibre publicó en mayo de ese año cuatro versiones diferentes de estos documentos, que fueron firmados digitalmente por el entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020.
Desde entonces, Ayuso y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han sostenido que los textos se enviaron “por error” y que se trataba de “borradores”. Pero los documentos llegaron a las residencias y estaban firmados. Los borradores nunca suelen estan firmados.
El contenido textual del principal texto que llegó a las residencias de mayores es el siguiente:
“Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
> Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.
> Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada.
> Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7). Deterioro funcional severo (definidos por Barthel Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita / atención en la propia residencia”.
Es decir, que la comunidad prohibía derivar a hospitales a numerosos mayores no solo por sus enfermedades, sino también por su situación cognitiva.
Además de estas indicaciones, esos mismos días la Consejería de Sanidad recomendó a los médicos de Atención Primaria evitar el traslado a los hospitales desde sus domicilios de pacientes con síntomas de Covid-19 que fueran mayores de 80 años y tuvieran patologías graves, en un protocolo que publicó en mayo de ese año.
**Alberto Reyero, el consejero ‘maldito’
El 22 de marzo de 2020 el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, envió dos emails –adelantados por El País– a Ruiz Escudero cuestionando la legalidad de las medidas de derivación de los residentes en centros sociosanitarios y advirtiendo de que si no se aportaba apoyo a estos centros, sus residentes podían fallecer en “condiciones indignas”.
Reyero acabó siendo ‘dimitido’ del cargo en octubre de ese año precisamente por estar en contra de esa estrategia de su propio gobierno. Pero antes, en una comisión en la Asamblea de Madrid, calificó los protocolos de “poco morales” y posiblemente “ilegales”.
También dijo que estuvo “radicalmente en contra” de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores.
Reyero afirmó que dichos protocolos eran contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. “Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho”, lamentaba el exconsejero.
En 2022 la editorial Libros del K.O. publicó el libro escrito por Alberto Reyero Zubiri: ‘Morirán de forma indigna’, un importante documento político sobre un episodio histórico que aún tiene las heridas abiertas. Documento que «también dirige la mirada hacia el futuro y los peligros que vendrán si seguimos ignorando nuestras responsabilidades», según su autor.
Reyero desmiente
Por cierto, en su nuevo informe sobre la pandemia, el gobierno de la Comunidad de Madrid, carga con dureza y de manera indigna contra Reyero.
El jueves, 13 de marzo, el mismo día que se pudo ver ‘7.291’, en una entrevista en RNE, Reyero desmentía de nuevo al Gobierno de Ayuso:
“Que digan que yo me he inventado unas cifras cuando yo no me he inventado nada. La cifra de 7.291 parte de una respuesta del Portal de Transparencia, en el que se indicaba el número de fallecidos en cada una de las residencias.
Cuando se habla de 4.100 no sabemos si son personas fallecidas en residencias, en hospitales… No tiene mayor valor que extender un manto de confusión ante la emisión del documental.
Las mentiras en las que continuamente incurre al final tienen unas patas muy cortas y se irá viendo”, ha añadido, antes de remarcar que sí que existieron unos ‘Protocolos de la vergüenza’ que impedían el traslado de residentes mayores a los hospitales cuando comenzó la pandemia de la Covid.
Los testimonios
Los testimonios que vimos fueron desgarradores. Una trabajadora de una de las residencias madrileñas contaba que se encontraban a los ancianos muertos agarrados a las barandillas de sus camas en un último intento para poder respirar, que la mitad de la plantilla estaba con Covid-19, que no tenían nada para paliar el dolor de los ancianos con Covid y que no se les consentía derivarlos a ningún hospital.
«Antonio Olmedilla Toledano, tenía 84 años murió abandonado, como un perro, solo”, dijo su hija, María José. “Murió en Ballesol, la residencia con más muertos por Covid-19 de la región”.
Explica la directora de una de las residencias de ancianos que en el primer caso que se encontraron de Covid, llamaron al 061 y les dijeron que las derivaciones tenían que ser aprobadas a través del servicio de geriatría del hospital con un geriatra de enlace que habían puesto. Al cabo de las horas, ya hacia las 10 de la noche, la directora consigue contactar con geriatría y se le dice que no se puede derivar.
Cuenta que, «en cambio, a todos los residentes que tenían seguro privado, llamábamos a la mutua correspondiente e inmediatamente venían con una ambulancia a recoger al enfermo».
Las llamadas de socorro de las residencias fueron ignoradas mientras se sumaban infectados, fallecidos y trabajadores en cuarentena. Sin equipos de protección y sin médicos, la situación era trágica.
Lágrimas
Vimos a muchos testimonios declarar entre lágrimas, que no pudieron hacer nada por sus padres, madres o abuelos. Algunos pudieron verlos unos momentos por video-conferencia, otros, pudieron oir unas palabras por teléfono, como «estoy malo».
En las residencias no daban abasto para trasladar a los cadáveres en la parte del edificio que habían destinado para tal fin. Fueron las trabajadoras y los directores y directoras de las mismas quienes, con dolor y lágrimas, se tenían que ocupar de ello.
Y las preguntas que se continúan haciendo los familiares de estos 7.291 fallecidos en las residencia de la Comunidad de Madrid son: “¿Esta gente no está en la cárcel? ¿Es que no va a haber ningún responsable? ¿De verdad la justicia va a seguir archivando los casos?”… Y aún más “Yo no quiero utilizar palabras gruesas, pero esto que hicieron fue un asesinato indiscriminado”.
Ningún castigo hasta ahora
Hasta ahora, la Justicia, que se sepa, no ha hecho prácticamente nada, ha cerrado todas las vías para castigar penalmente a los dirigentes madrileños por lo ocurrido en las residencias.
Leemos en eldiario.es del 13 de marzo de 2025, que dos juzgados de la región que instruían dos de las causas más relevantes han decidido archivar las diligencias.
Pero desde esos tribunales sí se han constatado los llamados ‘Protocolos de la vergüenza’ que la presidenta madrileña trata ahora de hacer ver que no e xisten pese a los documentos oficiales.
Además, en octubre pasado se presentó una denuncia expresa por parte de varios familiares contra los presuntos responsables políticos de la tragedia que aún sigue tramitándose.
Según el mismo medio de información del 8 de marzo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confirmó a mediados de febrero en el Senado que los tribunales de todo el país tramitan 91 causas judiciales por muertes de ancianos en residencias durante lo peor de la pandemia, y que una veintena están abiertas en juzgados de Madrid: 19 se mantienen en marcha y ocho han sido sobreseídas y pendientes de recurso.
Comisión de Investigación
En febrero de 2021, durante la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid sobre la pandemia, Carlos Mur, el que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad que firmó los polémicos protocolos, reconoció que se elaboraron hasta seis versiones de estos documentos y que se hizo “de consenso” dentro del gobierno regional.
El psiquiatra de profesión reconoció que no se trataba de “borradores”, como sostiene Ayuso, sino que eran protocolos que pretendían dar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”.
En los últimos años, el tono de Ayuso contra quien le menciona la tragedia de las residencias se ha ido elevando. En un pleno en febrero de 2024 aseguró con sus palabras que los mayores enfermos de la Covid-19 al inicio de la pandemia se iban a morir igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores.
Conclusiones de la Comisión Ciudadana
Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 se celebraron numerosas sesiones de una ‘Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid’ impulsada por las plataformas ‘Marea de Residencias’ y ‘Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid’.
Durante esos actos comparecieron profesionales sanitarios, personal de las residencias y familiares de las víctimas, así como expertos e investigadores de lo ocurrido en los centros de mayores madrileños durante la pandemia.
Sus conclusiones fueron que “en los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias” madrileñas “que pudo y debió haberse evitado”.
“Los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia”, añadieron en su informe, en el que denunciaron también que “desde entonces la situación no se ha corregido”.
Para esta Comisión, “la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada”, al mismo nivel que “la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares”, que también fue errática.
El equipo de trabajo denunció que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020” y que el ejecutivo de Ayuso “restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios”.
Lo que pensamos
Aunque en este artículo hemos tratado de plasmar lo que el documental ‘7.291’ refleja, recomendamos seriamente verlo porque hay mucha más información y muchos más testimonios que pueden aclarar dudas. Deja al descubierto contradicciones y mentiras y podemos ver la realidad de lo que han tenido que sufrir los familiares de los fallecidos.
Vemos también las caras de los responsables de los ‘Protocolos de la vergüenza’, de como justifican haberlos consensuado y enviado a las residencias y centros sanitarios para su cumplimiento, diciendo, con inmensa ironía que «no eran de obligado cumplimiento». Si esto era así, ¿porque no se enviaron ambulancias a ninguna residencia para trasladar a los enfermos?, se preguntaban en la Comisión Ciudadana.
También se cuestiona el Hospital Zendal «que es el asombro del mundo», según Ayuso, que costó casi 200 millones de euros y que no tenía ni habitaciones ni quirófanos. Hospital al que no se derivó ningún enfermo grave, que ahora no se sabe bien que van a hacer con el y que conlleva un enorme gasto.
Un dinero que hubiera ido muy bien invertirlo en la Sanidad Pública, en sus instalaciones, en sus médicos, enfermeras, camilleros, asistentes sociales, equipos de limpieza. Mejorar lo que se tenía hubiera sido más efectivo que esta locura de hospital.
Hasta poco antes de emitirse ‘7.291’, el gobierno de Ayuso intentó detener la emisión de diferentes formas, incluso el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, apareció en el Canal 24 Horas para asegurar que le parecía “un auténtico error lo que está haciendo RTVE el día de hoy. Ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en esta comunidad”.
Mayor dolor que dejar morir a 7.291 ancianos sin asistencia médica, no creemos que lo haya.
Equipo Torrese
eMagazine 39ymas.com
Origen de las imágenes:
Concentración de familiares para exigir una investigación, días antes de las elecciones autonómicas. Sara M. Ledesma – elsaltodiario.com.
es.amnesty.org
newtral.es
www.freepik.es
Lifestylememory – freepik.es
freepik.es
Cementerio Ntra. Sra. de la Almudena – Madrid
Reyero: YouTube
Reyero: noticiasparamunicipios.com
katemangostar – freepik.es
freepik.es
Fotogramas del documental ‘7.291’
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