Santiago Vidal – Juez para la democracia

Por Marina Torné, periodista

La cita con el juez Santiago Vidal era entre las once y las doce del mediodía en el Palacio de Justicia de Barcelona, edificio construido en el año 1908, obra de los arquitectos Josep Domènech i Estapà y Enric Sagnier Villavecchia. A las once y diez minutos, tras pasar por los controles habituales, mi compañera y yo nos dirigimos hacia la Sección 10, Sala Penal, de la Audiencia Provincial de Barcelona, mientras el viento helado de la mañana nos acompaña por largos y luminosos pasillos. Llamamos a la puerta. Una sala relativamente pequeña contrasta con la monumentalidad y belleza del conjunto andado. Los funcionarios, rodeados de papeles, nos informan de que el magistrado todavía no ha llegado. Esperamos en el frío corredor poniendo a punto cámaras y grabadoras. Al cabo de pocos minutos aparece el juez con paso rápido y disculpándose por un retraso que no es tal, tan sólo son las once y media, mientras nos explica que le acaban de hacer una entrevista en una emisora de radio. Traspasamos la pequeña sala abarrotada de expedientes y nos dirigimos a la Sala de Vistas: un espacio reducido y austero, sin duda, repleto de historias. El magistrado Vidal, sensible a la emoción que delato, me ofrece ocupar el asiento reservado al Presidente del Tribunal: con toda certeza, una perspectiva que no volveré a tener jamás.

Pregunta. ¿Cómo debo dirigirme a un juez?
Respuesta. Conmigo y ahora de «tú».

P. En el texto prefiero tratarle de «usted».
R. Como tú prefieras. A mi los protocolos no me gustan nada.

P. ¿Y si estoy al otro lado de la sala?
R. «Señoría». Pero estas cosas deberíamos ir suprimiéndolas, ¿no te parece? Antes se nos trataba de «Ilustrísimo Señor». Ahora lo de «Ilustrísimo» ya es cosa del pasado.

P. Pero todavía consta en su tarjeta.
R. Sí, porque ésta tiene como un par de años. En la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se suprimió el tratamiento y ahora sólo es «Señoría».

P. ¿También tienen que ponerse una toga, como ésta que está en esa silla?
R. En los juicios es obligatorio: toga y corbata. De alguna forma, representa la institucionalización de nuestra función. En los juicios orales me la pongo. En cualquier otro trámite judicial: comparecencias, requerimientos… no. Hoy mismo, como no tengo juicios, voy con americana, pero sin corbata. Yo siempre he pensado que este exceso de protocolo en nuestro trabajo y esta imagen un poco teatral que se pretende que dé la justicia, sobra. Fíjate que en las salas de vista, y tú estás en una de ellas, es como una obra de teatro. Tenemos el estrado, en el que estamos ahora, dos palmos por encima del nivel donde se encuentra el resto de personas, como pasa en un teatro, donde los espectadores están más bajos. También nos disfrazamos, como los actores de teatro, utilizamos un lenguaje que no es el coloquial… En el fondo la justicia es bastante una «teatralización» y en mi caso concreto, que estoy en una sala criminal, lo único que veo son tragedias. De vez en cuando, me gustaría ver también alguna comedia, pero no. Sólo veo tragedia.

P. Usted habla de aplicar la ley sin alejarse de las personas: una especie de «justicia amable». ¿Puede ser «amable» la justicia?
R. Yo siempre la he entendido así. La justicia es un servicio al ciudadano. Y con independencia del motivo que haya llevado a ese ciudadano ante un tribunal, tanto si es por un tema civil, penal o administrativo, la justicia no sólo debe darle una respuesta a su petición en clave jurídica, sino que, siempre he pensado que en estos casos el ciudadano ha de sentirse amparado. Cuando alguien acude a un juzgado es precisamente porque considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos y, por lo tanto, debería recibir una imagen de la justicia cordial pero seria, por que tenemos que ser así también, pero no burocrática, soberbia, con aquel tono cuando por ejemplo el juez se dirige al ciudadano, que parece que le esté haciendo un favor, cuando no es así. Los jueces, evidentemente, representamos un poder del Estado, pero también, al fin y al cabo, somos servidores públicos.

P. Los jueces también se declaran en huelga.
R. Según la Constitución, los jueces no tenemos reconocido el derecho a la huelga. Como un poder del Estado que somos, al igual que el poder legislativo y ejecutivo, no tenemos dicho derecho reconocido por la Constitución. Tampoco está prohibido. Por lo tanto aquí hay una laguna legal. Hace muchos años que reclamamos que se nos reconozca explícitamente el derecho a la huelga pero hasta ahora el Congreso de los Diputados no lo ha considerado conveniente; tampoco nos lo prohibe. Hemos hecho poquísimas huelgas. En mis veinticuatro años de carrera judicial recuerdo haber hecho tan sólo tres, contando ésta última. Somos muy conscientes de que, aunque sea un sólo día de huelga, lo que estamos haciendo, en el fondo, es perjudicar al ciudadano porque su pleito se retrasa todavía más. Por lo tanto, cuando consideramos que tanto el Congreso de los Diputados como el Gobierno debe tomar algún tipo de medida, la manera que tenemos de presionar es enviando en nuestras sentencias alguna manifestación para poner atención en la conveniencia de que se cambie determinada ley, o que se den más medios a los tribunales para que se pueda investigar bien… Por ejemplo, ahora en los casos de corrupción. La verdad es que estoy contento porque la huelga de hace unos días tuvo un seguimiento del sesenta y tres por ciento de la carrera judicial. Es mucho, teniendo en cuenta que somos un colectivo que está muy repartido en todo el territorio del Estado Español. Afortunadamente ya tenemos la primera respuesta a esta presión. El ministro Gallardón dijo que nos haría caso y que reduciría sustancialmente las tasas judiciales, que nosotros siempre hemos considerado que eran desproporcionadas y que afectaban los derechos de los ciudadanos con menos recursos para acceder a la tutela judicial efectiva.
También se contemplaban dos o tres puntos complementarios más: nuestra oposición a que se reforme el Consejo General del Poder Judicial. Que de ser un organismo independiente como es ahora, el Ministerio pretende que pase a ser un organismo más dentro de la Administración. Con ello perderíamos el organismo que garantiza nuestra independencia y nuestra función de imparcialidad. Y otro punto importante: reclamábamos que de una vez por todas se ponga en marcha la oficina judicial digitalizada.

P. Al pasar por la secretaría me he quedado horrorizada de la cantidad de papel que se amontona por todas partes.
R. ¡Y sólo has visto una pequeña muestra! Piensa que en cada tribunal, aquí en la Audiencia de Barcelona,  nos entran un promedio de dos mil casos nuevos cada año. Hay cuatro jueces para resolverlos, o sea que nos tocan unos quinientos a cada uno y el año tan sólo tiene 365 días. En la Audiencia no entra un pequeño robo, sino grandes estafas, agresiones sexuales, tráfico de drogas, homicidios, asesinatos, secuestros… Delitos muy complicados.

P. Lo mejor de cada casa.
R. Exacto. Es prácticamente imposible asumir esta carga de trabajo y como habéis podido ver, casi todo se hace en papel. Los medios informáticos continúan siendo un poco de «estar por casa» y pensamos que todo esto debe cambiar. Debemos modernizar la justicia de una vez por todas.

P. Es que por poco que no le doy un golpe a un carrito lleno de expedientes…
R. A veces puede pasar. Pero los funcionarios saben muy bien como… Cada documento tiene su referencia. En ocasiones se ha extraviado algo, pero siempre se acaba encontrando.

P. Hace unos minutos hablábamos de tragedias. Hablemos del drama de los desahucios y de su confianza en que antes del 2014 habrá una nueva ley.
R. En estos momentos estamos pendientes de que el Tribunal Internacional de las Comunidades Europeas, dicte una resolución, una sentencia para modificar la Legislación Hipotecaria Española. El informe de la Abogada General de este Tribunal, que normalmente es lo que da pie después a la sentencia, dice entre otras cosas que la legislación procesal española es incompatible con las garantías que establece la normativa de la Unión Europea porque no permite que el deudor hipotecario, la persona a la que le reclaman el pago de las cuotas, cuestione el importe de dichas cuotas. Esto se cambiará.
Otro punto que también cambiará es el referente a la «dación en pago». En muchos países europeos como Francia, Alemania… se permite que si la cantidad que tú debes todavía supera el cincuenta por ciento de lo que era el préstamo inicial, puedas decir: «prefiero devolver el piso a la entidad bancaria, que fue quien lo financió y quien me dio el préstamo, porque veo imposible poder acabar de pagar las cuotas». Aquí, si quieres dar el piso y falta que el banco lo quiera porque no está obligado a aceptarlo, te lo tasan en una cantidad muy inferior a lo que te dieron, con lo que pierdes el piso y continuas debiendo una parte del préstamo hipotecario durante toda tu vida.
La tercera cosa que se modificará con la sentencia será la de los «intereses moratorios». En el Estado Español, si tienes un préstamo hipotecario, por ejemplo al cuatro por ciento, a partir de la primera cuota que se deja de pagar, se convierte automáticamente en un veintisiete o veintiocho por ciento. Es decir, son unos intereses absolutamente usurarios.
Por cierto que a Ley Hipotecaria Española es del 1909, por lo tanto es una ley que no se ajusta de ninguna manera a la realidad social de los tiempos en que vivimos.

P. No se ha modificado la Ley Hipotecaria porque no interesa.
R. Sin duda. Si alguna cosa tienen las leyes es el principio de evolución. Se tienen que ir adaptando a los tiempos y a la sociedad, que es cambiante para ser eficaces y para resolver los conflictos y claro, los conflictos que tenemos ahora no son los mismos cincuenta años atrás. Pero hay leyes que no se cambian nunca. Una de ellas es la Ley Hipotecaria. ¿Por qué? Porque cuando se redactó, a principios de siglo, beneficiaba muchísimo al sector bancario y por lo tanto, aquí hay toda una serie de intereses cruzados entre entidades financieras e inmobiliarias y el gobierno de turno. Ahora el Partido Popular no tiene ningún interés en cambiarla, pero antes el Partido Socialista tampoco hizo nada y tengo que recordar que los partidos políticos tienen importantes deudas bancarias en relación a la financiación de sus campañas electorales. Por ello me parece que no es nada aventurado por mi parte decir que aquí hay una confluencia de intereses. Hay leyes que se adaptan al realidad, y leyes que permanecen anquilosadas y que nunca «pasan de moda», como ésta.

P. Leyes que no se adaptan a la realidad y jueces que también parece que están lejos de la realidad. Usted ha hablado en alguna ocasión de jueces «autistas». ¿Es posible salir de este «autismo»?
R. Sí y no es nada complicado. Una de las cosas que tiene la carrera judicial es este aislamiento de la realidad social y esto viene motivado por el sistema de selección de jueces que tenemos. Es un sistema de oposición muy memorístico, que exige que el opositor haga primero la carrera de Derecho, luego algún máster o doctorado, y que después esté cuatro, cinco, seis, siete años encerrado diez horas cada día memorizando y preparando el temario. Es decir: ningún contacto con la realidad social. Esta persona no vive, no pisa la calle. Seguramente tendrá mucha memoria y estará muy preparado jurídicamente pero no tendrá la más mínima capacidad, y esto les ocurre a muchos de mis compañeros, de ligar la ley con el caso concreto porque no conoce la vida de la gente ni sus conflictos.

P. Son demasiado jóvenes.
R. A veces sí. 28, 29 años… alguno más joven. En cambio, fíjate, el sistema anglosajón, en Inglaterra, que es uno de los países que tiene la justicia más prestigiada, no se puede ser juez si no se tiene como mínimo 35 años y además debes acreditar diez años de ejercicio en alguna carrera profesional, algún tipo de profesión socio-jurídica que durante diez años te haya enseñado un poco qué es la vida.
Por tanto, ¿cómo se puede cambiar este «autismo» de los jueces? Pues copiando el sistema de selección según el sistema alemán, inglés, noruego… que básicamente exigen una edad mínima, 35 años, exámenes psicotécnicos… Los jueces españoles no pasamos ningún tipo de prueba psicológica. Ninguna.

P. Por esto a veces nos quedamos pasmados ante determinadas sentencias.
R. Exactamente. No hay ningún tipo de control sobre la capacidad psicofísica del que administra justicia. Estamos decidiendo sobre la libertad, sobre el patrimonio de los ciudadanos. Se deberían hacer unas pruebas psicotécnicas que acreditasen que eres una persona mínimamente equilibrada y no sólo para entrar, sino también para mantenerte y sería conveniente pasarlas cada dos o tres años. Otra cosa que también se debería cambiar es el sistema de exámenes, que no fueran estrictamente memorísticos; exámenes que acreditasen que posees capacidad de razonamiento silogístico, capacidad de análisis, saber ligar la norma con el caso concreto, con las circunstancias específicas del caso, porque, al fin y al cabo, toda la normativa, toda la jurisprudencia, se encuentra en las bases de datos.

P. Y un diez por ciento de los jueces son del Opus. Yo no quisiera que me juzgara uno de ellos.
R. La carrera judicial y fiscal es muy conservadora precisamente por este sistema de selección. Una persona que pueda permitirse tantos años de estudio, mientras se prepara, alguien tiene que mantenerle. Ello quiere decir que la mayoría de jueces y fiscales pertenecen a familias acomodadas y por este motivo, no acostumbran a ser muy de izquierdas o progresistas, aunque hay de todo. Otro dato que explica por qué una parte significativa de la carrera judicial no sólo es conservadora, sino también religiosa es que la preparación del temario se suele hacer acompañado de un tutor: un magistrado del Tribunal Supremo, o un fiscal, o un notario, o un abogado del Estado, es decir, personas que tienen sesenta o setenta años. Son personas imbuidas de una forma de ser a nivel social o religioso de otra época, y esto, quieras que no, si se ve cada día con el opositor, le acaba impregnando. Y por último existe un tercer factor. Al juez, al fin y al cabo, lo que se le pide es que haga cumplir la ley, por lo tanto es un garante de la estabilidad del sistema y esto a menudo se suele confundir con ser una persona de orden, con ser una persona de derechas.

P. Y entonces pasa que salen jueces raros como usted.
R. No tengo la sensación de ser nada raro ni extraño en el sistema.

P. En todo caso, no es habitual.
R. No, no es habitual que el juez cuestione la aplicación automática de la ley. Pero tengo que recordar que en el colectivo de jueces, actualmente 5.400 en el Estado Español, un diez por ciento, es decir unos quinientos, pertenecemos a la asociación progresista «Jueces para la Democracia», a la que pertenezco desde el año 1989, justo cuando ingresé en la Carrera y que se ha caracterizado por su posicionamiento crítico respecto al carácter inmovilista de la ley. Temas como la despenalización del servicio militar obligatorio, después la prestación social, o los movimientos de desobediencia civil… todo ello se ha conseguido gracias a que este sector de jueces hemos cuestionado la aplicación automática de la ley y al final el legislador ha cambiado la normativa. Por lo tanto, hay una buena parte de jueces que opinan lo mismo que opino yo. Ello no quiere decir que nos saltemos la ley. Nosotros siempre la cumplimos, pero la interpretamos en función de cada caso concreto. Y ésta nos parece la manera en que ley y justicia coincidan.

P. Pues si yo estuviera del otro lado preferiría que me juzgara usted o alguno de esos quinientos.
R. Ni el ciudadano puede escoger juez ni el juez, casos. Los casos que se resuelven vienen determinados por un sistema aleatorio informático.

P. Quizás los acusados de corrupción pensarán lo contrario que yo. De todas formas da igual porque si les condena, luego se les indulta y no pasa nada.
R. Esto es una de las cosas que hace más daño tanto a la imagen de la justicia ante la opinión pública como en los propios Tribunales de Justicia. Que el Gobierno, en un decreto, sin ninguna motivación, en dos líneas, nos digan: «Mire, a pesar de la sentencia, del juicio, y toda la motivación que ha llevado a que se condene a esta persona, el Consejo de Ministros considera adecuado indultarla». Esto no sólo es una invasión a las competencias del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, es además decirle a la ciudadanía: «En los pocos casos en los que los jueces llegan a encontrar pruebas y condenan a algunos de los nuestros  -por tanto estamos hablando de políticos, financieros, personas con cierto «pedigrí»- ya nos encargaremos nosotros de estos casos y dejaremos sin efecto esta condena». Esto es un insulto a la ciudadanía porque le están diciendo que, aunque la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley, en la práctica, esto no es así. La solución: derogar la Ley de Indulto, fechada en 1870 y todavía más antigua que la Ley Hipotecaria y dictada en una época de monarquía absolutista. Estas dos leyes, la Ley Hipotecaria y la Ley de Indulto, son las dos primeras que deberían ser derogadas.

P. Todos somos iguales ante la ley pero sabemos que en la práctica, esto no es así. Lo dice usted.
R. Unos son más iguales que otros. Esta es la realidad.

P. Y otros son completamente…
R. Desiguales.

P. El rey no puede ser juzgado, ni llamado a declarar. Es intocable.
R. Sí, es así. Y la Constitución dice, y tiene gracia la cosa, que es «completamente irresponsable». Pienso que el legislador, cuando redactó esta palabra, era muy consciente de lo que decía. Es decir, que no tiene que responder de sus actos. Esto no deja de ser un oxímoron, una antinomia. Precisamente lo que se exige del máximo representante de una institución del Estado, es que sea responsable. Imaginémonos que, además de los problemas físicos que tiene el Rey, tuviera también problemas psíquicos. Si fuera así, a nadie se le ocurriría que continuara gobernando.

P. Tampoco es que gobierne mucho.
R. No. Es cierto. Reina, pero no gobierna, pero todas las leyes y asuntos importantes, llevan su firma. No tiene funciones ejecutivas, cierto. Por suerte es una monarquía institucional, no absolutista. Según mi opinión, tanto por cuestiones de edad, como por problemas de salud, así como en beneficio de la propia institución monárquica, pienso que debería plantearse muy seriamente en abdicar. En este sentido creo que están siendo muy poco inteligentes. Los monárquicos, y la propia Casa Real están mirando muy a corto plazo, cuando deberían ser los primeros interesados en que el príncipe asumiera sus funciones con cierta garantía de futuro. Cuanto más tarde en abdicar, más recorta las posibilidades de que el príncipe Felipe acabe siendo un rey estable en España. Y que conste que yo soy republicano.

P. ¿Veremos a la Infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados?
R. Los herederos de los reyes, el Príncipe Felipe o las Infantas sí que pueden ser juzgados. No gozan de la inmunidad de la que hablábamos antes. En el caso Nóos de Palma de Mallorca el cariz que está tomando el caso, a tenor de las últimas pruebas presentadas, demuestran cada vez más indicios de implicación de la Infanta. Si esto será suficiente para que el juez acabe citándola como imputada, no lo sé, no me atrevería a afirmarlo en este momento, pero es una hipótesis que en absoluto no hay que descartar.

P. Supongo que sentaría un precedente histórico.
R. Sin duda, pero es que el caso de corrupción que se está investigando allá, también es histórico.

P. Panorama revuelto y espionaje político en Cataluña.
R. Está aflorando una situación que, desgraciadamente ya existía. Espionaje de tipo político, financiero o empresarial.

P. Parece que el espionaje empresarial no provoca tanta repulsión.
R. Efectivamente. En este caso se suelen investigar cuestiones relacionadas con el trabajo. En cambio, lo que ahora está aflorando son investigaciones relacionadas con la vida privada de las personas. Esto es una vulneración flagrante del derecho constitucional a la intimidad, al honor y a la propia imagen y por tanto, debo decir claramente, que todas estas grabaciones son ilegales a excepción de que uno de los interlocutores haya autorizado la grabación. Si el detective, o la persona que está llevando a cabo la grabación está cumpliendo el encargo de un cliente y este cliente está implicado en esta conversación, el detective está haciendo su trabajo. Por decirlo de alguna manera, está cumpliendo con el «contracto de servicios». Si la persona que ha hecho el encargo tiene un interés legítimo, por ejemplo la grabación típica, tanto de imágenes como de sonido, relacionadas con un caso de adulterio, en este caso, la ley reconoce al marido o a la mujer su derecho a contratar a un detective. Pero ocurre que la ley marca un límite: esto sólo puede hacerse en espacios públicos, jamás en un ámbito privado, nunca en tu casa.

P. ¿Y en un restaurante sí que se puede?
R. Un restaurante es un local de acceso libre al público, por tanto da igual que se hayan realizado grabaciones en el salón de un restaurante que en la calle. Es perfectamente legal, no es delictivo. ¿Ello puede afectar a la intimidad y al honor? Sí, pero esto ya es una cuestión civil. Ya no constituye un delito. La señora Sánchez Camacho ha presentado una querella criminal porque considera que las grabaciones son un delito y también ha presentado una demanda civil en relación a su intimidad y a su honor. Yo le veo muchas más posibilidades de que prospere esta segunda que no la primera. Y prescindo del hecho, porque lo ignoro, de si ella estaba implicada o no, de si conocía o no que se estaba produciendo esta grabación porque, como sabéis vosotros, sobre esto existen hasta el día de hoy versiones muy contradictorias.

P. Juez progresista. ¿También independentista?
R. Sí. Siempre he dicho que los jueces no somos neutros, los jueces han de ser imparciales, pero tenemos ideología. Tenemos opiniones políticas, sociales… y lo normal es que no limitemos nuestra actividad en este campo en ir a votar cada cuatro años. Lo normal es que nos impliquemos en determinados aspectos de movimientos sociales siempre que no afecte nuestra independencia judicial. En mi caso, siempre he sido una persona de izquierdas. No tengo ningún inconveniente en decir que habitualmente he votado a Iniciativa per Catalunya, o a Esquerra Republicana, pero últimamente me estoy inclinando cada vez más por una visión soberanista de los derechos de autodeterminación del pueblo catalán. Me hubiera gustado que el Estado Español, y partiendo precisamente de la Constitución del 78, que es de cariz federalista, lo era, se hubiera ido desarrollando hasta llegar a conseguir lo que para mí sería el sistema político mejor para España: un sistema federal. Un sistema con cuatro repúblicas federales: la española, la catalana, la vasca y Portugal. Es decir, una República Federal Ibérica. Esta idea, evidentemente no es mía, es de principios del siglo XX de algunos republicanos muy conocidos. Tenemos tantas cosas en común, tantas, que podemos formar parte perfectamente de una unidad política de carácter federal y que es, más o menos, lo que tienen en Alemania. Me temo, sin embargo, que en los últimos diez o quince años este proceso hacia la federalización del Estado, partiendo de las autonomías, está retrocediendo. Tengo la sensación, a pesar de lo que dice el señor Navarro, de que en España casi no hay federalistas. Al menos, no se les oye. Por tanto pienso que ante la inviabilidad del federalismo y el agotamiento del proceso autonomista, la única solución que nos queda es crear un estado propio. Y esto pasa por la independencia.

P. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Parece ser que ni la consulta es legal.
R. Es muy complicado ciertamente.

P. Esquerra Republicana nos prometió el 2014.
R. Ojalá, porque es una fecha muy bonita. Se conmemorarán los trescientos años de la pérdida de la independencia de Catalunya, pero yo lo veo prácticamente imposible. Desde el punto de vista jurídico y social es poco tiempo para un proceso tan complejo como éste.

P. Y con los adversarios que hay al otro lado…
R. Si el Estado Español se comportara durante este proceso como lo lleva haciendo el Estado inglés, Cameron con Escocia, entonces quizás sí 2014 sería un horizonte a tener en cuenta. Pero como que ésta no es la situación y ojalá me equivoque, tampoco lo será el año que viene, lo que hay que hacer es dar pequeños pasos y creo que ya se están empezando a andar: se están empezando a dibujar las infraestructuras de estado que necesitaremos, una de ellas la creación de un Poder Judicial propio, que todavía no tenemos.

P. Alejado del «modelo obsoleto español», como lo ha calificado usted en alguna ocasión.
R. Por descontado. Es un sistema judicial decimonónico: tanto papel, burocracia, leyes procesales farragosas… La gente siempre se pregunta por qué es tan lenta la justicia. Pues es lenta porque no tenemos recursos para que sea más rápida, y porque las leyes procesales no son adecuadas para que las cosas vayan con la celeridad apropiada. Si creamos un poder judicial propio, de la misma forma que tenemos el ejecutivo, que es la Generalitat y el legislativo que es el Parlament, este poder judicial tiene que ser completamente diferente.

P. ¿El Artículo 92 posibilitaría una consulta al pueblo catalán?
R. Este artículo da la puerta de entrada para que la consulta se haga sin utilizar el censo electoral, por lo tanto, se tendría que utilizar el padrón municipal y probablemente, sin partir de la edad de 18 años para ejercer el derecho a voto, sino partiendo de la edad de 16 años… Fíjate que ya estamos introduciendo una serie de cambios…

P. Ya lo veo, ya.
R. Yo creo que la gente de 16 o 17 años ya tiene un poco de «seny», sensatez, cordura. No se trata de que a esta edad sean todos independentistas, porque no es así. Si utilizamos estos mecanismos alternativos, la consulta, desde mi modesto punto de vista, es absolutamente legal y legítima. Un referéndum, en cambio, si no se modifica la Constitución, es imposible llevarlo a cabo. La Constitución otorga al Gobierno Central la competencia para autorizarlo o denegarlo. Como han dicho claramente que no lo autorizarán de ninguna manera, ya sabemos que es un callejón sin salida.
La diferencia entre «consulta» y «referéndum» es importante que los lectores la tengan clara. El referéndum es vinculante. Esto quiere decir que el gobierno de Catalunya, que es quien ha convocado el referéndum, debería acatar la decisión que tome la mayoría. En cambio una consulta, el propio nombre ya lo indica, es preguntar y se hará caso o no a lo que responda la ciudadanía. Evidentemente, el Parlament de Catalunya, en su declaración de hace unas semanas por mayoría, ya dijo que aunque la consulta no sea vinculante, acatarán la decisión de la mayoría de los ciudadanos, como tiene que ser, siempre y cuando se trate de una mayoría cualificada. En un proceso tan complejo como este de la independencia o del ejercicio del derecho a la autodeterminación, si se gana por cincuenta y uno a cuarenta y nueve, no sirve y además comportaría una fractura social importante. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos similares, Kosovo, Montenegro…, ya dijo que una mayoría cualificada debe pasar, como mínimo, por el sesenta por ciento. Esta cifra se considera mayoritaria y debe ser respetada por la minoría.

P. Pánico español.
R. Existen dos factores. Miedo a que realmente haya un pronunciamiento favorable, separarse, y por lo tanto, ellos son conscientes de que Catalunya es el motor económico del Estado español. Si ahora están en una situación de crisis muy complicada, si Catalunya se va y forma parte de la Unión Europea, el Estado Español tendrá un problema enorme para poder pagar su déficit, para poder continuar funcionando según el nivel de estado del bienestar que tiene actualmente. Claro que les preocupa si nos vamos! Es lógico. Hay que tener en cuenta que cada año 16.000 millones del presupuesto del producto interior bruto de Catalunya va a parar a las arcas del Estado Español. Por lo tanto, con la independencia, dejarían de recibir esta cantidad. Habrá otras comunidades autónomas más pobres que lo notarán muchísimo. Este sería el factor egoísta del asunto. El otro factor seria de cariz histórico. Muchos españoles consideran que Catalunya es una tierra que en su momento -y esto es cierto y fue en el 1700- la conquistaron y por lo tanto tienen un sentimiento de dominio; consideran que formamos parte de un territorio que en determinado momento de la historia se anexionaron. Desde un punto histórico es cierto pero el argumento, en el momento democrático actual, no se aguanta por ningún lado. Del mismo modo que las colonias de Centro y Sudamérica se independizaron en su día de la monarquía española, si Catalunya quiere tomar otra decisión, ellos deberían respetarla. Para ellos, Catalunya forma parte por derecho de conquista del Estado español.

P. Catalunya independiente y con un gobierno que fuese reconocido.
R. Sin duda. Si al final de todo este proceso, dos o tres años que tardaremos en llegar al resultado de esta consulta, vemos que estamos ante un callejón sin salida y que el Estado español no admite el resultado, entonces no quedará otra solución que el Parlament de Catalunya declare unilateralmente la independencia -como ya hizo el parlamento de Kosovo, porque Servia tuvo la misma actitud que España está teniendo- y automáticamente someter esta decisión a la validación de la Unión Europea. Y aquí comenzará otro proceso. A pesar de lo que se diga, la normativa internacional no prohíbe estas declaraciones unilaterales de independencia. No están reguladas, no están previstas, por lo tanto no están ni autorizadas, ni prohibidas. Por este motivo la Unión Europea es muy prudente y dice que ya se hablará de ello cuando Escocia o Catalunya, o Bélgica, nos pongan sobre la mesa el problema.

P. Ahora no toca.
R. Ahora no toca porque no hay ningún precedente, no está regulado, y ya afrontaremos la situación cuando se produzca. Confío sinceramente en que no seamos nosotros los primeros, que sean los escoceses, porque así podremos seguir su camino, pero las encuestas de opinión escocesas no son demasiado favorables a la independencia. Se habla de poco más de un veinte por ciento de votos a favor de la independencia. Ellos sí que votarán porque el gobierno sí que ha autorizado el referéndum. El sistema anglosajón es un ejemplo de democracia. Los españoles harían bien en imitarlo. En Catalunya se habla de un cincuenta y poco más de votos favorables. Pero date cuenta que no llegamos al sesenta por ciento cualificado de la que habla la propia jurisprudencia internacional. En unos dos años esta cifra puede haber subido o bajado.

P. El juez «top ten» ha sido…
R. En España el juez Baltasar Garzón. Un juez estrella que, desgraciadamente, ha acabado estrellado. A mí me sabe muy mal por él. Entre nosotros había una buena amistad. Ahora hace muchos meses que no nos vemos. Pienso que al ser precisamente eso, un «top ten» y creérselo, al no haber sabido poner una frontera muy clara entre la persona y el juez, mezclar la persona con la función pública, opino que le perjudicó mucho. Hubo un momento en que consiguió la «cuadratura del círculo». Consiguió poner de acuerdo a casi todo el mundo: partidos políticos de izquierdas y de derechas, al mundo financiero y bancario, a los medios de comunicación, a la carrera judicial, tanto jueces de derechas, como de izquierdas, abogados… Entonces la gente dijo que traspasó una línea roja. Llegó un momento en que él pensó que era intocable: había conseguido una fama internacional y un prestigio ganados por méritos propios, hizo cosas muy buenas por la justicia española y por la justicia internacional también. Pero olvidó uno de los principios básicos que nos enseñan en la Facultad de Derecho y que es que el fin nunca justifica los medios. Los fines eran muy legítimos pero los medios que utilizó no eran legales y él lo sabía. Cuando un juez utiliza medios que no son legales corre el riesgo que sea él el juzgado y el condenado.

P. Una especie de enfermedad la del juez Garzón.
R. Yo hablaría de «egolatría». La soberbia, que es un defecto que tenemos todos los seres humanos, le sobrepasó y claro, esto es muy peligroso.

P. Usted tampoco está libre de críticas. Se dice que se apunta a todos los medios de comunicación y que va tras un cargo político.
R. Soy muy consciente que cuando un juez, además de desempeñar su trabajo tiene también una cierta trascendencia pública, especialmente a través de los medios de comunicación, asume el riesgo de que haya gente que le aplauda y gente que le critique. Cargos públicos… Yo nunca entraré en política. Nunca. Lo tengo tan claro que no me da miedo que dentro de unos años las hemerotecas me desmientan.

P. Pues le veo cierta sonrisa…
R. No, no! Soy muy sincero. He tenido oportunidades. Algún partido político catalán me ha ofrecido formar parte de sus listas. Evidentemente no diré cuál.

P. No, claro.
R. Y siempre digo que no por una razón que los lectores entenderán perfectamente. Porque lo que más me gusta de mi trabajo es la independencia y cuando entras en política, quedas sometido a la disciplina de voto de tu partido. Suponiendo que algún día hubiera decidido entrar en algún partido como diputado, o con cualquier otro cargo, estaría de acuerdo con el noventa por ciento de lo decidiera el partido, pero habría un diez por ciento de casos en los que discreparía, y porque me conozco, esto no lo podría aceptar: votar a favor de algo que no comparto.

P. ¿Cómo es un día bueno para el juez Vidal?
R. Uno de bueno es aquél que, una vez terminado un juicio y tomas la decisión de cómo vas a resolver el caso, tienes la sensación de que has protegido a la víctima. No tanto que has castigado al culpable sino que, sobre todo, has protegido a la víctima. En casos de agresiones sexuales, abusos a menores, la justicia jamás podrá reparar el daño que ha sufrido la víctima, pero sí que las víctimas se van de aquí mucho más confortadas si ven que el Tribunal ha sido sensible a su drama y que ha adoptado una decisión que pasa por garantizar su tranquilidad de futuro como es la imposición de una pena de prisión importante al autor del delito, la adopción de medidas de prohibición de acercamiento, el resarcimiento del daño moral… Este para mí es un buen día: cuando tengo la sensación de que mi función ha servido para algo.

P. ¿Y uno de malo?
R. Aquellos casos en los que tienes ante ti, en el banco de los acusados, a una persona que ha cometido un delito, normalmente delitos menores, que no son de sangre, pero que lo ha cometido empujado por circunstancias de su vida. Por ejemplo los casos de tráfico de drogas. Drogadictos que para sufragar su adicción se dedican a hacer de camellos y venden sustancias adulteradas a otros. En estos casos piensas, la justicia está condenando a esta persona que, evidentemente, ha infringido la ley y es culpable pero ¿de verdad tiene sentido todo esto? Encerrar a este joven -normalmente son jóvenes- dos, tres, cuatro, cinco años  en un centro penitenciario, ¿le resolverá el problema?

P. Y entonces usted tiene una crisis.
R. Sí. Son aquellas cuestiones a las que les vas dando vueltas para ver si encuentras una alternativa legal que no sea la de encerrarlo en un centro penitenciario. Lo que serían medidas alternativas: tratamientos terapéuticos de deshabituación, trabajos para la comunidad… pero claro, la ley es muy restrictiva con esto. En algunos casos podemos hacerlo y lo hacemos, pero en muchos otros la única respuesta legal es el ingreso en prisión y cumplir la condena. Entonces tienes la sensación de que lo único que estás haciendo es encerrar a aquella persona en un almacén. Mientras esté encerrada no volverá a delinquir pero cuando salga seguirá estando igual de desestructurada, con los mismos problemas de arraigo familiar, laboral y de todo tipo y por lo tanto, volverá a entrar en el circuito criminógeno.

P. ¿De pequeño usted ya quería ser juez?
R. No, no, que va. Cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, quería ser abogado y, de hecho, ejercí durante diez años como abogado. Recuerdo que con 17, 18, 19 años, me encantaban las series de televisión de Perry Mason, Ironside… Estaba «enganchado». Yo quería ser un abogado como ellos porque estas series transmitían la idea de que era el abogado quien resolvía los casos. Luego, cuando ejercí de abogado, me di cuenta de que esto no era así. Que la realidad era otra. Que quién tenía la última palabra no era el abogado, era el juez. Y eso era lo que yo quería: decir la última palabra, con riesgo a equivocarme, pero quería tenerla yo. Además, cuando ejercía de abogado, llevaba muy mal perder casos. Defender un caso en el que yo creía y luego perderlo… Lo llevaba muy mal. Ganaba muchos y perdía pocos, pero cuando perdía alguno, para mí era un drama. Decirle al cliente que estaba convencido que tenía la razón pero que el juez pensaba que no, me dejaba la sensación de no haber hecho bien mi trabajo. Cuando entré en la carrera judicial fue porque la última palabra quería tenerla yo y ese fue el motivo. «Aquí el único que decide, quien tiene la última palabra es el juez y por lo tanto voy a ser juez», pensé. Y por suerte lo conseguí.

P. Juez profesional o jurado popular.
R. En las encuestas de opinión a los ciudadanos, la inmensa mayoría manifiesta que preferirían ser juzgados por un juez profesional porque les merece más confianza. Debo decir que de todas formas después de todos estos años de experiencia, y ya he hecho muchos juicios con jurado popular, mi sensación es que el jurado popular lo hace muy bien, mucho.

P. ¿Sí?
R. Sí. Tenemos un sistema de jurado popular, diferente del americano, que es el que vemos en las películas.  El jurado español es un sistema mixto. Si bien es verdad que la decisión recae en los jurados populares, la función del juez, que es quien preside este jurado popular, es muy, muy importante. Nosotros decidimos qué pruebas son legales o no, qué valoraciones de testimonios o de peritos son adecuadas o no, redactamos el objeto del veredicto, es decir, el cuestionario donde se le pregunta al jurado sobre cada una de las cosas que son importantes… Hay que tener mucho cuidado con este cuestionario porque tiene que ser muy neutro, no inductivo, pero seleccionamos las preguntas con lo cual estás marcando al jurado un poco el camino a seguir. Puedo confesarte que en un noventa por ciento de los casos, yo hubiera emitido exactamente el mismo veredicto que el jurado. El mismo. Hay un pequeño porcentaje en el que hubiera discrepado, pero esto también es normal.

P. Me han pedido que comente la frase de Ambrose Bierce, extraída de su «Diccionario del Diablo», cuando dice que: «Justicia es una mercancía más o menos adulterada que el Estado vende a los ciudadanos como premio a su lealtad, a sus impuestos y a sus servicios personales».
R. Me parece una definición muy dura.

P. Si prefiere no comentarla…
R. Sí, sí que quiero. Es una definición muy dura del sistema judicial y probablemente más cierta o más coincidente con la realidad de hace un siglo, no tanto del siglo XXI en el que ya nos encontramos ahora. Cierto que antes la justicia era única y exclusivamente un sistema, un método para hacer que los ciudadanos cumplieran la ley, pero no estaba dirigida básicamente a proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Afortunadamente hoy en día las cosas han cambiado. Tampoco quiero idealizar la justicia porque tenemos muchas carencias. Y ya que estamos moviéndonos por ámbitos literarios, quisiera recordar aquello que decía Martín Fierro: «La justicia es como una red donde el pez grande tiene la fuerza suficiente para romperla y escaparse y el pez pequeño siempre se queda allá, enredado». Esto es un poco así. La justicia cumple su misión pero, desgraciadamente, todavía no hemos conseguido que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

P. Para acabar me gustaría dar un golpe con el martillo.
R. Pues ya no lo tenemos. Lo tuvimos hace años, pero ahora ya no. El martillo es una imagen de autoritarismo y a mí no me gusta nada.

marina.torne@gmail.com
Barcelona, 18 de enero de 2013  

Fotografías: ©2013 Marisa Ferrer P.
Fotografía principal: ©2013 L. Sedó