Por Teresa Mollá Castells

Ha tardado, pero ha llegado. Por fin esta semana se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

La mujeres estamos de enhorabuena, puesto que aunque sea con limitaciones, dentro de cuatro meses que es cuando entrará en vigor la ley, dejaremos de tener que justificar nuestra voluntad de interrumpir voluntariamente nuestros embarazos y tendremos, durante las primeras catorce semanas libertad total para hacerlo.

El cambio es sustancial, puesto que el hecho de que los actuales supuestos “despenalizados”, estén precisamente así, “despenalizados” supone una continua tutela hacia la libertad de las mujeres por parte de las autoridades. Y esto, afortunadamente ha cambiado con la nueva ley, puesto que en ese primer período, la libertad de elección sobre nuestro propio cuerpo de mujeres deja de estar “despenalizada” para pasar a ser un derecho.

Asimismo el colectivo de profesionales de la medicina que siempre ha apostado por ejercer su labor dentro de los supuestos legales actuales, pasa a tener un estatus de protección incuestionable.

Así las cosas, tanto las mujeres como el colectivo médico hemos ganado en protección y en derechos y eso siempre es bueno y ayuda a avanzar a las sociedades frente a poderes reaccionarios y arcaicos que desde en el mismo momento de la votación en el Senado de esta ley y por tanto su aprobación, han comenzado a proferir sus amenazas de excomunión. Y sí, me refiero de nuevo a los señores de faldas largas y negras que, a través del portavoz de la Conferencia Episcopal ya ha dejado claro quienes podrán o no comulgar en los ritos de las misas. Es una lástima que no se apliquen la misma diligencia con quienes hemos decidido libremente apostatar, al tiempo que también hemos pedido la excomunión, alegando entre otras cosas, precisamente el hecho de haber interrumpido voluntariamente nuestro embarazo, y ni por esas nos han dado de baja de su sectaria organización a la que no pedimos entrar.

Pero no son los únicos que están vociferando. Broncas internas aparte, los movimientos que son contrarios a la aprobación de esta ley también se están movilizando y, por ejemplo han convocado una manifestación en Madrid para próximas fechas. Será curioso desde el sofá de mi casa ver quienes salen a la calle para manifestarse. Pero también se movilizan en la red y es curioso ver cómo han creado una web de recogida de firmas para pedirle al Rey que no sancione con su firma dicha ley.

Obviamente las manifestaciones de cualquier tipo que no sean violentas son un derecho de la ciudadanía en su conjunto, pero no puedo negar que me hace gracia ver faldas largas y negras manifestándose por las calles y escuchar el frufrú de las mismas en movimiento.

Alegan protección a la vida, pero ni ellos ni los otros que también saldrán a la calle han dicho una sola palabra sobre la protección a la vida de las víctimas gratuitas que ellos, con su discurso androcéntrico provocan  y que acaba con la vida de mujeres y niñas de todo el mundo. 

Tampoco con sus vicios inconfesables y que poco a poco van saliendo a la luz han protegido la vida de todas las víctimas que han provocado a lo largo y ancho del mundo y también a lo largo de la historia, y ¿ahora pretenden darnos lecciones morales?

La hipocresía en su grado máximo es lo que estas personas representan ante mis ojos. Puesto que su actitud siempre beligerante ante el avance de los derechos de ciudadanía les lleva a posicionarse en actitudes tan radicales y tozudas que consiguen alejarse cada día más de la realidad imperante y, aunque siempre tendrán a su alrededor quienes les acompañen en las manifestaciones a las que acuden, que tampoco pierdan de vista que esas mismas personas, después, en sus vidas particulares también se benefician de esos derechos que ahora tanto critican, puesto que también interrumpen embarazos, se divorcian o las personas homosexuales que desean hacerlo, se casan y/o adoptan criaturas.

Por lo menos ahora cabe que como sociedad nos felicitemos por el avance en derechos, libertad y seguridad que la norma recién aprobada nos otorga a las mujeres y al colectivo médico que cree que somos las mujeres las que hemos de decidir sobre nuestro propio cuerpo y no dejar esa decisión en manos de ninguna creencia religiosa y que pretende imponernos su moral reaccionaria. 

Ontinyent (Valencia, España), 28 de febrero de 2010
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