Van 31: La lista no se detiene, esta semana dos mujeres más fueron asesinadas en Oaxaca (México). La violencia persiste. Insisto: penas bajas a los agresores, como señaló la fiscal Ileana Hernández.

Dilación en la atención, instalaciones inadecuadas para atender la violencia contra las mujeres que buscan justicia. Magistrados que siguen cuestionando a la vida de las mujeres, que si son ricas lo que buscan es sacarle el dinero al marido, como ha expresado un magistrado y que tasan los casos desde esa percepción machista.

Campañas de difusión que no cumplen con el mensaje que promueven en el sentido de que violentar la vida de las mujeres es un delito. Y no es que las campañas sean malas, no, como tampoco son las mejores ni las más efectivas, pero sus resultados se ven deslucidos –considerando el alto número de delitos que se cometen contra las mujeres por ser mujeres- frente a la negligente actitud de funcionarios que siguen diciendo que en los asesinatos no hay feminicidio.

Y no sólo eso, no hay efectividad en las campañas por la nula respuesta de justicia a las familias de las víctimas, que desafortunadamente suman 31 en lo que va de este año, sólo del registro hemerográfico en Oaxaca, sin contar a la profesora juchiteca acribillada junto con otras tres personas –una mujer y dos hombres- en una carretera de Veracruz. ¿Dormirán tranquilos estos funcionarios? Seguramente. Dicen que el dinero no es todo, pero les calman los nervios, como sucede cuando ven su sueldo, sus cuentas bancarias y todo cuanto tienen y no precisamente por trabajar.

Hace unas semanas, a propósito de la celebración del Día de las Madres, planeaba aquí la falta de cumplimiento a satisfacer las necesidades de las mujeres que siendo madres se incorporaban a la vida laboral. Incluso recordaba la improvisación que en materia de guarderías hay en este país. Basta ver cómo dónde ayer había una “tiendita”, una papelería, una casa-habitación, hoy hay una “guardería”, una estancia infantil como pomposamente se les llama.

Hablaba de la improvisación que hay entre quienes manejan una guardería, me refiero a las estancias que promueve la Secretaría de Desarrollo Social. Omití entonces la improvisación que hay en esta materia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que hace una década cubría sólo el 30 por ciento de la demanda de las madres trabajadoras que requieren de una guardería para poder dejar a sus hijos e hijas e irse a trabajar.

Este viernes sucedió una desgracia que dejó más de 40 niñas y niños muertos en un incendio en la guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora (México), y lo sorprendente es que frente a esta desgracia terrible se “descubrió” el lugar dónde se ubicaba la estancia infantil, subrogada por el IMSS a un particular.

Hoy con indignación sabemos que la ABC operaba junto a una gasolinera y un gran taller de llantas, y no tenía salidas de emergencia ni extintores: vulnerabilidad y riesgo, como recuerdo me decía hace muchos años en una entrevista Luis Zárate, entonces al cargo de Protección Civil en Oaxaca.

Entonces pregunto, por qué hasta ahora las autoridades no se dieron cuenta de la ubicación de la “guardería”, compartiendo el edificio de una bodega de llantas, de material inflamable. ¿Y cómo el IMSS hace posible que tanta negligencia opere? ¿Qué hace el IMSS para permitir que ese tipo de desgracias ocurran en México? ¿Cómo va actuar en este penoso caso la justicia en este país? Es más: ¿Habrá justicia para las madres y padres? O estamos en la antesala de un caso más de impunidad. ¿Cómo pagará el IMSS el dolor de estas madres y padres frente a la pérdida de sus hijas e hijos?

Sin duda, el IMSS ha sido negligente. El IMSS ha sido omiso. El IMSS muestra el grado de corrupción en el que opera y que curiosamente se ha repetido en otros casos relacionados con trabajadores. Me viene a la memoria el caso de los mineros de Pasta de Conchos, febrero de 2006, caso que sigue vigente gracias a la lucha de las viudas de Coahuila en demanda de justicia, pues ellas, como la empresa y lo que se llama “autoridades” SABIAN la condición en que se encontraba la mina en la zona carbonífera, donde como se ha documentado el número de muertes en accidentes marcan la vida de las comunidades coahuilenses.

Me vienen a la mente los casos de accidentes carreteros provocados por el uso de vehículos chatarra que circulan en las carreteras peligrosas de las sierras de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Puebla, y que se desbarrancan despedazando la vida de cientos de personas y que terminan –en el mejor de los casos- con el pago del seguro a los deudos. Y a los funcionarios nadie los toca, nadie sabe cómo es que esas chatarras siguen circulando a pesar de que ha vencido su vida útil y, peor aún, sus condiciones mecánicas nadie las cuestiona.

Son miles las vidas que literalmente “asesinan” la negligencia, omisión y corrupción institucional de todos los niveles de gobierno y que ahora tocó a muchas familias de Sonora, y que obliga como dice el lugar común a tapar el pozo después de que hubo un ahogado. Eso en tanto las madres, como ciudadanas, tendrán que demandar justicia frente a la pérdida de sus pequeños hijos e hijas.

Por la información que reportan los medios sabemos hoy que ya están detenidos el particular al que le fue subrogada la guardería del IMSS y el propietario de la vulcanizadora o bodega de llantas de automóviles. Pero no están detenidas las autoridades que han prestado el nombre de la institución para instalar la guardería en un sitio inapropiado, seguro. Y esta situación implica, por tanto, una larga cadena de corrupción en sentido vertical, que desafortunadamente termina por romperse por la parte más delgada, como ha sucedido en Pasta de Conchos, por ejemplo.

Publicado por Cuadernos Feministas en el apartado Mujeres y Política, 11-06- 2009

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