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| 15/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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No dejemos que haya impunidad 
Carmen tiene 35 años de edad, un bebé de apenas cinco años y un padre que está en recuperación de una embolia. Ella es periodista y trabaja en la oficina de Comunicación Social del Gobierno del estado de Guerrero. La mañana del 25 de julio pasado fue sacada de su casa, junto con su pequeño hijo, por Rubén Mora. Horas más tarde una ambulancia la recogió afuera de su domicilio totalmente golpeada. Sin embargo, según reportes, primero fue llevada a una clínica privada y posteriormente al ISSSTE, en el que según el expediente tenía “diversas lesiones y traumatismo craneoencefálico de segundo grado”, pero a pesar de dicho diagnóstico administrativos del Hospital, primero dijeron que “se fugó” y luego que siempre no, que había sido “dada de alta”. Adereza esta parte de la historia el hecho de que el director de dicho nosocomio, Dorio Mora, es tío del agresor y ni el titular del nosocomio ni nadie de su personal dio parte al Ministerio Público, y si permitieron que se le retirara del lugar a pesar de su grave condición. Después de eso, Carmen estuvo desaparecida por varios días y solamente a través de la presión ejercida por colegas (incluso en los medios de información) y por la denuncia que levantada con el número (SEIDSSVI/027/2009), fue que las autoridades judiciales se abocaron a localizarla y al encontrarla y debido a su grave condición, la trasladaron a un Hospital de la Ciudad de México para su urgente y apropiada atención médica. Ese mismo día, las autoridades se llevaron en calidad de “presentado” al agresor para que rindiera su declaración y, horas después fue puesto en libertad bajo caución, debido a que en el estado de Guerrero los delitos por los cuales está acusado no son graves (lesiones agravadas, omisión de cuidados, privación ilegal de libertad y los que resulten). Por la mañana tuve oportunidad de hablar con la colega que se está haciendo cargo de cuidar al padre de Carmen y me cuenta que tienen información de primera mano en el sentido de que este caso, como muchos otros, puede quedar en la impunidad, debido a la familia “influyente” del agresor. Que se necesita ejercer presión al gobierno del estado y también apoyo económico (efectivo) para cubrir todos los gastos del progenitor de Carmen y de su pequeño hijo, además de apoyo con despensa, y todo ello porque Comunicación Social de Gobierno (que es donde trabajaba Carmen) no está dando su apoyo, a pesar de las prestaciones que debería tener como trabajadora de dicha área gubernamental. Entonces, me pregunto y cuestiono: Más allá del propio Código Penal del estado, ¿será que el Ministerio Público no sabe que el Reglamento de la Ley de Acceso, que firmó el propio gobernador y que dice textualmente que la violencia de género debe ser eliminada? ¿Cómo piensan hacerlo si existe la posibilidad de que un agresor de esa naturaleza es alguien que pasea libremente por las calles de su estado? ¿Por qué no han detenido por complicidad al director del ISSSTE? ¿Habrán leído la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado Libre y Soberano del estado de Guerrero (publicada el 8 de febrero de 2008), así como su correspondiente Reglamento y la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar? ¿Sabrán que existe Ley de Atención a Víctimas? ¿Por qué no se ha contado en el caso de Carmen con la asistencia gratuita y puntual de la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer? ¿Cómo es posible que Comunicación Social tenga millones de pesos para difundir “las acciones de gobierno” y no tenga para apoyar lo que está sucediendo con una de sus trabajadoras? Por todo ello y más creo que corresponde solicitar o presionar al procurador del estado y al propio gobernador para que se aplique toda la carga de la ley, tanto al agresor directo, R. Mora Peralta, como contra aquellas personas que en una clara complicidad con éste le ayudaron a privarla de la libertad en un domicilio particular y no cumplieron con brindarle la atención médica necesaria, además de haber omitido realizar la denuncia correspondiente. Considero que un suceso de esta naturaleza debe atenderse con celeridad y considerando tanto lo señalado por el Código Penal del estado de Guerrero, así como por el resto de legislación que brinda protección a una mujer victima de violencia. Conmino a los lectores a enviar mensajes electrónicos a ambas autoridades directamente, en la pagina http://www.guerrero.gob.mx/?P=contacto, o a la siguiente dirección electrónica: contacto@guerrero.gob.mx Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.¡No dejemos que este caso quede en la impunidad! amujicamurias@yahoo.com.mx Adriana Mújica Murias:
Imágenes:
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