unque el Ministerio Público de Quintana Roo apeló la resolución del juez segundo penal, Benjamín Navarrete, de no librar órdenes de aprehensión contra cuatro policías acusados por la periodista Lydia Cacho de tortura durante su detención y traslado de Cancún a Puebla en 2005, para ella su caso estará cerrado en un par de semanas y aunque confía en la justicia internacional, sus abogados vaticinan que éste quedará en la impunidad.
Así lo señaló hoy en entrevista con Cimacnoticias Xavier Olea Trueheart, uno de los representantes legales de Cacho Ribeiro, quien advirtió que las posibilidades de que el caso prospere en la justicia mexicana son más "políticas que jurídicas".
Olea Trueheart explicó que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo resolver si la apelación procede o no, al ser ésta la única instancia que puede revocar la resolución del juez y aunque para los abogados Olea el delito de tortura está más que comprobado, el tema ya está "politizado".
Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Lydia Cacho a la prensa de que llevará su caso a instancias internacionales, el abogado enfatizó que aún y cuando el caso gane en tribunales internacionales no tendrá ninguna repercusión en la justicia mexicana ya que los fallos de éstos no son vinculantes y el Estado mexicano de cualquier forma, no acata estas recomendaciones.
"Ningún tribunal internacional va a ordenar a la Corte revocar su resolución o a un juez o a la Procuraduría consignar al gobernador de Puebla o a Kamel Nacif porque sus resoluciones no son vinculatorias", dijo Olea Trueheart.
En este sentido, cabe recordar que Soraya Long Saborío, directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la OEA, ha evidenciado en sus visitas a nuestro país que en todos los casos presentados por México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el nivel de cumplimiento de las recomendaciones es cero.
De acuerdo a una evaluación hecha por varias organizaciones internacionales al respecto, después de las recomendaciones de la CIDH al Estado mexicano por el caso del General José Francisco Gallardo Rodríguez, (más) emitidas desde 1996, no se ha hecho nada más.
Asimismo enfatiza la "acumulación" de casos del Estado Mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que van desde la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el abuso de militares, hasta los asesinatos de mujeres.
La meta, llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
Al hacer un recuento sobre su caso, en una reunión con periodistas el fin de semana en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, Lydia Cacho recordó cómo a raíz de un trabajo periodístico de investigación se enfrentó al sistema de justicia en México.
La periodista dijo que su caso, como el de muchos más, es un ejemplo de la ausencia del Estado de derecho en México "y de los altísimos niveles de corrupción e impunidad".
Decepcionada, luego de que su caso no prosperó en la justicia federal a la cual recurrió por tratarse de tortura, un delito federal, enfatizó que "no le queda ninguna instancia" a la cual acudir en el país.
Por ello, no descartó que podría llegar hasta la CIDH (Corte Internacional de Derechos Humanos) y la CoIDH para lo que ya trabaja con un grupo de abogados en derecho internacional en la "estrategia" para acceder a dichas instancias de una manera distinta a la tradicional de México, lo que augura, funcionará.
En entrevista con Cimacnoticias, Lydia Cacho señaló que su caso estará cerrado en un par de semanas en Quintana Roo y criticó la actuación de la Fiscalía Especial para Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) ya que luego de acusarla de "desarticular" su caso al convertirlo en un asunto del fuero común, "ahora se atreve a decir que sí fui torturada", porque ya no está en sus manos juzgarlo.
Finalmente, confió en que el pederasta Succar Kuri, quien será careado con Kamel Nacif el próximo 16 de junio, sea sentenciado por pornografía infantil ya que las pruebas son irrefutables y anunció que el juez les ha informado a los abogados que le dará aproximadamente entre 13 y 16 años de prisión.
En este sentido, Cacho Ribeiro se mostró cautelosa al advertir que Succar Kuri cumplirá pronto 70 años, por lo que podría recurrir a solicitar el arresto domiciliario.
CIMACNoticias, México, 9 junio 2008
cimac@laneta.apc.org
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De la fotografía original: esmas.com
