Se estima que en México, anualmente más de 1.600.000 embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada. En México, tan sólo en el 2006, 149.700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud. 
 
Frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas, la respuesta de los partidos políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en contubernio con la Jerarquía Católica ha sido reformar las constituciones de 16 estados del país para criminalizar y perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.  En algunos casos han recibido apoyo de legisladores de otros partidos.

Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas en temas como: 

Ö Acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes (es decir, el Estado se retiraría de su obligación de proveer servicios de aborto legal en los casos en que la ley lo contempla, condenando a la clandestinidad hasta a las mujeres embarazadas por violación). 

Ö Restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo por supuesto la pastilla de anticoncepción  de emergencia-PAE, DIU y el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos; Investigación en células madres y Reproducción Asistida. 
 
Otros datos (LM)

Ö En Jalisco y Guanajuato, el aborto se prohíbe incluso en casos de violación. 

Ö En Guanajuato, Puebla y Querétaro se ha procesado y encarcelado a mujeres por haber abortado.

Ö En Jalisco, de 1997 a 2007 se cometieron 7.494 violaciones sexuales, sin embargo, el gobernador panista Emilio González Márquez pretende anular la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, que permite a las niñas y mujeres abusadas acceder, en las instituciones de salud, a la interrupción legal del embarazo (ILE) y a la anticoncepción de emergencia. En junio, González Márquez interpuso una controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal por la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005. La impugnación se encuentra en el índice de controversias constitucionales pendientes de discusión para este año, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ONU ha declarado (para el caso de Nicaragua) que la prohibición del aborto equivale a tortura, sobre todo, pero no sólo, en casos en que el embarazo es producto de violación. 

Ö Estudios nacionales e internacionales demuestran que prohibir el aborto no resuelve el problema: agrava la vulnerabilidad de las mujeres que tienen que recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. 

Ö Sabemos además que la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias.

Día Internacional por la Despenalización del Aborto

El 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió como una iniciativa de las feministas reunidas en el V Encuentro Feminista Latinoamericano en el año de 1990 para impulsar el aborto legal y seguro en todos nuestros países*.

Cuadernos Feministas
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