Resumen

Prevención de la violencia doméstica
Educación
Legislación
Asistencia
 
 
Prevención de la violencia doméstica

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mayo el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004), propuesto por los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deportes y Sanidad y Consumo. El presupuesto asciende a 13.072 millones de pesetas, un 63,3% más que el Plan anterior. Hay cuatro objetivos principales de actuación: prevención, mejora de la legislación y del procedimiento legal, ampliación de los recursos sociales y una coordinación más efectiva entre las Administraciones Públicas y las organizaciones sociales.
 
Educación

La prevención de la violencia doméstica se apoya en un esfuerzo por parte de los educadores que elimine de una vez por todas los esquemas de comportamiento violento originados en la desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, los medios de comunicación son un instrumento fundamental para que toda la sociedad se sensibilice ante este problema. El presupuesto destinado a prevención dentro del II Plan es de 1.883 millones de pesetas. Las medidas preventivas basadas en la transmisión del valor de la "no violencia" son veinte, entre las cuales se encuentran la elaboración de materiales educativos, dirigidos a los profesores, que permitan prevenir la violencia en la familia y el desarrollo de programas para la detección de casos de violencia en el ámbito escolar que dispondrán de protocolos específicos de actuación. Referente a la sensibilización social la novedad más importante es la elaboración de una guía de recomendaciones para el tratamiento informativo de las noticias relacionadas con los malos tratos a mujeres y la creación de unas jornadas de sensibilización para futuros profesionales de la información.
 
Legislación

El Nuevo Plan Integral contra la Violencia Doméstica incluye 13 medidas legislativas y procedimentales, con un presupuesto de 943 millones de pesetas, que tienen por objeto establecer un marco legal que permita ante todo proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Se elaborará una guía práctica de legislación y jurisprudencia sobre violencia familiar dirigida a los profesionales y a los usuarios de la justicia. Se propondrá la modificación del Código Penal para incorporar como pena la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad y establecer como pena conjunta del delito y de la falta la privación del derecho a la tenencia y posesión de armas. En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se regulará la adopción en los Juzgados de Guardia de medidas provisionalísimas en casos de separación o divorcio que hagan efectiva la separación de hecho del agresor. Otra de las medidas es la propuesta al Consejo General del Poder Judicial para que exista una adecuada coordinación entre los juzgados civiles y penales, de forma que los procesos de separación y divorcio tengan en cuenta los casos en que haya habido denuncias de malos tratos, y que la instrucción de las causas de violencia doméstica se lleve a cabo en un solo Juzgado de Instrucción para evitar la dispersión. Se extenderá a todos los Colegios de Abogados el Servicio de Orientación Jurídica 24 horas, de carácter gratuito, garantizándose la existencia del Turno de Oficio Especializado, con profesionales formados específicamente.
 
Asistencia

Se proponen 17 medidas asistenciales y de intervención social que cuenta con casi el 80% del presupuesto total del nuevo Plan, 10.115 millones de pesetas, y que completarán el mapa de recursos sociales en todo el ámbito territorial a través de la creación de nuevos servicios, facilitándose la vía para realizar las denuncias y proporcionando a las víctimas asistencia sanitaria, económica, laboral y psicológica. Una de las medidas asistenciales es la creación de "Puntos de Encuentro", lugares seguros para las visitas de padres y madres a menores en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica, atendidos por personal cualificado que emitirá informes a los Tribunales competentes. Se hará más efectiva la comunicación electrónica de la Policía y la Guardia Civil, para que la información y la interposición de demandas sean inmediatas, se ampliarán las unidades especiales de los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) a todas las comisarías provinciales y de los Equipos de Atención a Mujeres y Menores de la Guardia Civil (EMUMES) a todas las comarcas. Este II Plan impulsará la coordinación entre Administraciones públicas y otras instituciones. Para ello se crearán dos comisiones, la Comisión Interministerial, formada por los ministerios que participan en el Plan, y la Comisión de Seguimiento, en la que participan todas las Comunidades Autónomas.