© Olga Campos 
 

   
Sobre la violencia contra las mujeres

La Ineficacia Legal Desanima a Las Víctimas      

"Pocas cosas desmoralizan más que la injusticia hecha en nombre de la autoridad y la ley." Concepción Arenal

Cuando al 31 de octubre contamos en España con 59 mujeres muertas a manos de sus parejas, según las estadísticas oficiales, o 69, según las asociaciones de mujeres, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género resulta claramente insuficiente para asegurar la protección de las víctimas, lo que ha hecho necesario que desde distintos frentes, se estén cuestionando sus métodos y sobre todo, sus carencias.

Nos encontramos, tal y como la letrada que suscribe ha afirmado durante años, ante un verdadero “terrorismo sexista”, terrorismo que, desgraciadamente, ha ocasionado –y sigue produciendo- mayor número de víctimas que el que habitualmente con este nombre de terrorismo se conoce.

Este gran número de víctimas que sigue creciendo con el paso de los días, es motivo de vergüenza social y política. Que se continúe permitiendo cuestionar la veracidad de las declaraciones de las mujeres víctimas de malos tratos, que se les acuse de denunciar falsamente tan graves hechos, incluso desde los más altos estratos de nuestras instituciones policiales y judiciales, contribuye decisivamente a que el número de fallecidas aumente sin retorno; por todo ello, resulta patente el continuo incumplimiento del llamado Pacto de Tolerancia Cero contra la Violencia de Género, firmado por los representantes sociales.

Nuestra sociedad no necesita leyes insuficientes o que no se cumplan, ni pactos irreales, sino crear una verdadera conciencia del problema que nos ocupa, así como la atribución de fondos económicos suficientes para hacer realidad los preceptos legales. 
 
Los impedimentos y ataques que desde parte de la propia judicatura y otros poderes sociales se están llevando a cabo para desacreditar la Ley Integral contra la Violencia de Género, desaniman a las víctimas a pedir el amparo que las instituciones les deben y por tanto las deja en una situación de mayor vulnerabilidad.  Ley cuya puesta en práctica, por otra parte, carece de medios suficientes para proteger a las víctimas, siendo necesario, no sólo que realmente se cumplan sus postulados,  sino que éstos se amplíen para dar respuesta a la realidad que impera, como es el aumento constante de las fallecidas, circunstancia ésta que desacredita de forma absoluta la eficacia de dicho texto legal, el cual lleva en vigor más de un año, sin que las víctimas hayan disminuido, lo que hace de la ley papel mojado carísimo para esta sociedad.

Asímismo, las noticias que se publican en prensa, crean, en muchas ocasiones, confusión social. La falta de rigor legal en muchos casos, e incluso, la plasmación de las opiniones personales de periodistas legos en la materia, fomentan la desconfianza hacia las mujeres, que desemboca en la extendida creencia de la falsedad de las denuncias que las mujeres interponen en contra de sus parejas. Tal conducta reafirma la ideología de aquellos cuyo fin es precisamente restar importancia a tan grave problema social, fomentando con sus actitudes contra las mujeres una grave confrontación de sexos.

Los extremos alegados pueden observarse cada día en los medios de comunicación, a través de cuyas páginas  y emisoras se produce lo que, podemos calificar como “Apología del terrorismo sexista”, con plena impunidad.

Véase como ejemplo de las afirmaciones realizadas, el artículo publicado en el periódico 20 Minutos, que se distribuye en el metro de Madrid, y es leído cada día por millones de personas, de fecha 25 de septiembre del año en curso.

El texto expresa como titular: “ “La Ley es menos dura si quien maltrata es mujer”, afirmando en su texto: “La Ley contra la Violencia de Género cojea si la que pega a su pareja es una mujer. Así, la misma acción (una bofetada, por ejemplo), es considerada un delito si la ejecuta un hombre y sólo una falta si lo hace una mujer. Se trata de una circunstancia que afecta esencialmente a las parejas de lesbianas: < cuando una mujer pega a otra y la condenan, la orden de alejamiento la tenemos que pedir de añadido, eso no pasa si el agresor es un hombre; se la dan porque sí>, señala una mujer miembro del colectivo Entiende. < La Ley impone una orden de alejamiento siempre que haya un caso de maltrato de hombre a mujer. Si la mujer es la agresora, el juez decidirá si la concede o  no>."

La totalidad del mencionado artículo denota la más absoluta ignorancia de la Ley contra la Violencia de Género, así como de la realidad social que impera en nuestro país, y sin embargo, este tipo de artículos se publica y difunde por miles de ejemplares sin control alguno, ocasionando en la población la creencia en la veracidad de la radical falsedad que contienen.

Se observa, pues, que tales publicaciones, así como las declaraciones que se repiten continuamente por parte de algunos jueces y fiscales, de los abogados de los maltratadores y de diversos periodistas,  constituyen una vía por la que desde los medios de comunicación se comete, sin represalia alguna, la apología del terrorismo sexista, en vulneración del llamado Pacto de Tolerancia Cero y de la normativa aplicable vigente, en perjuicio de las víctimas de este tipo de delitos y a favor de sus verdugos.

Cuando en este mes de octubre de 2006 se cuentan 69 mujeres asesinadas a manos de sus parejas masculinas y los cálculos conservadores establecen unos 2.000.000 de mujeres maltratadas sistemáticamente por su marido o pareja sentimental, el presente Informe trata de poner en conocimiento tanto de las instituciones estatales como de la opinión pública, las deficiencias de la Ley Orgánica 1/04 de 28 de diciembre de Medidas de Violencia de Género, y las de su aplicación en los ámbitos sanitarios, policial y judicial; entendiendo que los datos y las consideraciones que aportamos han de ser de utilidad para el cumplimiento de la Disposición Adicional Undécima, que establece la obligatoriedad de efectuar una evaluación de la aplicación de la ley a los tres años de su entrada en vigor.  

Nos hemos decidido a elaborar este largo y complejo estudio, con la inversión de tiempo que supone, ante los incumplimientos de la ley que se están produciendo por parte de funcionarios de las instituciones del Estado, en ocasiones de negligencia grave en la protección de las víctimas, de modo que algunas incluso fueron asesinadas, aun cuando hayan intervenido en las denuncias e instrucción de los procesos autoridades policiales y judiciales. Mientras, en sentido contrario, una campaña mediática orquestada por asociaciones de hombres maltratadores de mujeres y ciertos periódicos, y que está, desgraciadamente apoyada por la Decana de los Juzgados de Barcelona, María Sanahuja, con el beneplácito del Fiscal Jefe de Catalunya, José Mª Mena, y ante la cual el Ministerio de Justicia ha guardado un timorato silencio, ha inundado a la opinión pública para convencerla de que las mujeres denuncian falsamente malos tratos a fin de obtener beneficios judiciales en los procesos de separación, y de que en realidad las verdaderas víctimas son los hombres.

Del mismo modo, y amparados por la ya mencionada campaña de descrédito iniciada, dos jueces han presentado recursos de inconstitucionalidad de la ley, que, se encuentran admitidos y a trámite en un periodo de tiempo que contradice los plazos prácticos de admisión de este tipo de recursos en cualesquiera otras materias.

Hemos de señalar, dada la condición de abogadas en ejercicio de las autoras de este informe, que esta campaña daña gravemente el honor de los letrados que defendemos a las víctimas de la violencia machista, puesto que nos acusa de inventar los hechos y de presentar denuncias falsas, convenciendo a las clientes de las ventajas que tal estrategia les puede reportar. En consecuencia, la labor de defensa que la Constitución atribuye a la Abogacía es presentada como la espúrea tarea de fabricar pruebas y cometer delitos. A la vez la indicada campaña descalifica a la Ley Orgánica de Medidas de Violencia de Género, acusándola de ser la causa no solo de injusticias múltiples contra los hombres, sino también de colapsar el funcionamiento de la policía y de la Administración de Justicia. Se pueden comprobar estas afirmaciones en las entrevistas de prensa y televisión que se le han realizado a las Asociaciones de Hombres Separados y a la citada María Sanahuja y en los portales de Internet de dichas asociaciones, así como en numerosos artículos de prensa e incluso de las revistas jurídicas especializadas.

Esta campaña está esterilizando la posibilidad de que la aprobación de la Ley y la creación de los Juzgados de Violencia fueran algún día eficaces en la prevención y en la punición de los delitos.

Así mismo, la aplicación de la Ley padece tantas carencias que no está cumpliendo los objetivos para los que fue aprobada. En este sentido se pronuncia también Amnistía Internacional en su Informe Más Allá del Papel presentado en julio de 2006 recordándole al gobierno que “la responsabilidad de los Estados de actuar con “la debida diligencia” implica avanzar un peldaño más en la escalera de la responsabilidad institucional, y hacer los derechos realidad”. 

El presente Informe se presenta con el fin de exponer y cuestionar la realidad que las mujeres seguimos sufriendo, a pesar de la aprobación de las nuevas y diferentes normativas que tratan de otorgarles protección, frente a los reiterados ataques que algunos hombres continúan cometiendo contra su integridad física y psicológica, sin tregua alguna.

A cada aprobación legislativa de amparo le siguen, irremediablemente, auténticas campañas desacreditadoras de las mujeres, lideradas incluso por algunos jueces, que debieran ser quienes, de forma más eficaz, debieran defenderlas.

Resulta indignante observar que un año después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, no sólo ésta no ha conseguido reducir las muertes ni las agresiones contra el género femenino, sino que ha despertado una virulenta reacción, procedente incluso de los poderes públicos, contra el intento de protección que legislativamente trata de otorgarse a las mujeres, aunque- huelga decir- de una forma convenientemente sesgada.

Desde la aprobación de la ya mencionada Ley, la discusión no sólo social sino también judicial y política, no ha versado acerca de los medios de garantizar una correcta aplicación y efectividad de las medidas que en ella se aprueban para proteger a las mujeres, sino en criticar dicha protección, asegurando que la norma discrimina a los hombres, pretendiendo que existe igualdad entre los sexos en cuanto a ser víctimas de la violencia, a pesar de que las cifras hablan por si solas respecto a las agresiones y las muertes como consecuencia de la violencia machista.  

El criterio de la salvaguarda de la mujer, el respeto a sus derechos e intereses, y la crítica a quienes lo cuestionan,  no es, por desgracia, el seguido por los medios de comunicación, que falsean continuamente la realidad vigente a fin de hacer creer a la ciudadanía en el éxito de las normas aprobadas y en el excelente funcionamiento de las administraciones públicas. Así, revistas jurídicas especializadas, tales como Mon Jurídic publicado por el Colegio de Abogados de Catalunya y la Revista de la Mutualidad de la Abogacía de Catalunya, publican sendos artículos destinando varias páginas a denunciar la discriminación que padecen los hombres, a raíz de la aplicación de la Ley. De tal modo, según los artículos, cualquier juez a raíz de la presentación de una denuncia dicta inmediatamente orden de alejamiento y el hombre se ve sin casa y separado de sus hijos, aunque más tarde se dicte una sentencia absolutoria, y por tanto los daños causados ya no son reparables.  Asímismo, se publican informaciones y artículos  alabando la buena disposición y eficacia de las fuerzas policiales cuando ante ellos se presenta una mujer objeto de malos tratos. Relatan con orgullo e hipocresía la inmediata ayuda que presta a las mujeres la Administración de Justicia.

Sin embargo,  la realidad es bien diferente;  la campaña de descrédito de las mujeres (y de los letrados) que está liderando la Decana de los Juzgados de Barcelona, María Sanahuja, ha conseguido que tanto los jueces y fiscales, como la propia policía, hayan recibido de la Junta de Jueces, del Fiscal Jefe de Catalunya y de la Jefatura de Policía, la directriz de informar a las posibles denunciantes acerca de las consecuencias de interponer denuncia por malos tratos contra el compañero sentimental. Así, la policía advierte a la mujer de las consecuencias legales que puede sufrir en caso de que retire la denuncia, de que no declare como es debido, o de que por falta de pruebas no pueda mantener la acusación, casos en que puede ser acusada de cometer un delito de denuncia falsa. Por su parte, el Juez manifiesta claramente, en el momento de tomar declaración a la denunciante, incluso con el gesto y los comentarios despreciativos que se permite verter contra ella, la total desconfianza que le suscitan sus afirmaciones, y el Fiscal retira la acusación ante las dudas que abriga, y en caso de absolución abre diligencias por denuncia falsa contra la mujer.

En consecuencia, además del temor que estas mujeres padecen a causa del maltrato recibido, y de una autoestima destruida, así como, en la gran mayoría de los casos, la falta de medios económicos y muchas veces de ayuda familiar para independizarse, en el momento en que logran el valor suficiente para acudir a presentar denuncia, en vez de encontrar el apoyo que desesperadamente buscan, se topan  con la desconfianza de quienes deben atenderlas y, lo que es peor, con la amenaza de ser ellas, otra vez, las víctimas de un nuevo calvario: el de convertirse de acusadoras en acusadas. Se ha producido el efecto perverso de ser consideradas culpables en vez de víctimas. Y, de tal modo, lo que se consigue es amedrentar a aquellas que finalmente y, animadas por la radio y la televisión, se deciden a denunciar.

La verdadera realidad es que en la persecución de ningún otro delito tipificado y castigado en nuestro Código Penal, se cuestiona la veracidad de las declaraciones de las víctimas, como cuando se trata de malos tratos, violaciones y abusos sexuales a las mujeres.

Si la opción de las víctimas de continuados malos tratos es, sin embargo, optar por la interposición de una querella criminal contra sus verdugos, la instrucción de la causa puede dilatarse entre uno y dos años. Tiempo durante el cual el delincuente tiene plena libertad para seguir acosando a su compañera de muy diversas maneras.

Las difamaciones contra las mujeres continúan con impunidad y sin apenas réplica.  Esta aserción responde a un hecho evidente, si tenemos en cuenta las últimas declaraciones emitidas por el sacerdote, catedrático de teología de Valencia, que se sirve publicar en la hoja parroquial de dicha  ciudad un manifiesto profundamente machista atribuyendo la responsabilidad de los golpes que reciben las mujeres no a los golpeadores sino a las propias víctimas, por la provocación, insultos y humillaciones que presume les dirigen a sus verdugos. 

La consecuencia manifiesta continúa siendo el descrédito y la desconfianza constante sobre las declaraciones femeninas y la absoluta credibilidad del hombre, lo que conlleva sin más, la imposibilidad de erradicar la violencia sobre la mujer si seguimos contando con procedimientos inadecuados, ayudas insuficientes y criterios machistas mantenidos por los más altos estratos sociales, políticos y judiciales.

Breve análisis de la Ley de Violencia de Género