ngaño, maltrato, privación de libertad. La magnitud de sus vejaciones no tiene límites. Por eso, las mujeres sometidas al tráfico sexual reclaman, presas de su silencio, soluciones que acaben con un drama que las estigmatizada. Sólo la toma de conciencia desde la esfera política, judicial y social de su condición de víctimas las dignificará.

 

Más de cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres, son desplazadas cada año, de acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas, para ser prostituidas por redes de traficantes internacionales. El tráfico de seres humanos mueve anualmente más de cinco billones de euros en todo el mundo. En España, según datos del Cuerpo Nacional de Policía, el comercio de la prostitución genera unos 12.000 millones de euros al año y en los primeros siete meses de 2002 han sido desarticuladas 115 redes de tráfico que operaban extorsionando a mujeres. Estas estadísticas, lejos de acomodarnos en la frialdad habitual de los datos, nos sacude porque hablan de demasiadas personas explotadas, extorsionadas y heridas en su dignidad por un mercado sexual del que poco se sabe y que crece a pasos agigantados. Por eso, a quienes estas cifras les impulsa a actuar se reunieron durante los pasados 23 y 24 de septiembre en Málaga, para celebrar un Encuentro Internacional sobre Tráfico de Mujeres y Explotación Sexual, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer

 

Este foro, que reunió a profesionales del ámbito de la justicia, la política, la salud o los servicios sociales, ha servido para ponerle rostro a la tragedia que sufren las víctimas de la explotación sexual y, sobre todo, para tomar conciencia de la necesidad de trabajar conjuntamente, desde todas estas instancias, para luchar contra una realidad que atenta contra la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas.

 

Después del tráfico de armas y el de estupefacientes, el negocio del sometimiento sexual de mujeres es la actividad más rentable del crimen organizado y el que más ha crecido en los últimos años. Pero la trata de personas no es un problema de ahora, aunque sí sus dimensiones y la magnitud de sus actividades delictivas. En un corto período de tiempo, sus redes se han extendido de forma espectacular más allá de las fronteras nacionales para operar en un ámbito internacional. Ante la rapidez de su inusitado crecimiento, los distintos organismos implicados en su erradicación se han tenido que ocupar del problema sin más dilaciones. Ése es el caso de Interpol, la organización policial que lucha contra el crimen organizado a escala mundial, que no comenzó a crear grupos de trabajo en relación con dicho delito hasta el año 2000.

 

Este negocio ilícito se nutre de organizaciones muy estructuradas y complejas, que "en muchos casos se valen de las mismas infraestructuras creadas por las redes del narcotráfico o del tráfico de armas -ya consolidadas- para actuar", tal y como subrayaba en su intervención Belén Gómez, jefa del Grupo Quinto de Interpol. Bajo engaño o por la fuerza, introducen ilegalmente al año en torno a un millón de mujeres en las fronteras de la UE para explotarlas en la prostitución. En el largo peregrinar de las jóvenes, a las que se les entrega visado de turista, España se ha convertido en un lugar de tránsito, según evidenciaba la europarlamentaria Elena Valenciano, quien explicaba que "desde los clubes nacionales, esas mujeres son traficadas hacia otros países como Holanda, Italia o Alemania". Además, la responsable de Interpol añadía en su ponencia que en el país de destino las redes siempre evitan mantener a las chicas en el mismo club de alterne o local de carretera para burlar así los controles policiales.

 

Una legislación común

 

Un delito de implicaciones internacionales requiere, para su erradicación, de un tratamiento global que supere las peculiaridades de cada legislación nacional. Ésa fue una de las premisas sobre las que se sustentó el debate que suscitó este Encuentro Internacional. Durante su intervención, la europarlamentaria Patsy Sorensen incidió en que la lucha contra la explotación de las mujeres a través del comercio sexual sólo será eficaz si se "potencia una legislación efectiva y se aplica en los países de origen y de tránsito". Con respecto a esto, Valenciano adelantó una fecha, el año 2004, para comenzar a hablar de una regulación conjunta en el territorio europeo.

 

Sin embargo, articular un esqueleto legal que sustente la penalización de dicho delito, resulta una labor complicada, sobre todo, si se tiene en cuenta el desconocimiento que todavía existe sobre el mercadeo de mujeres. La marginalidad de esta actividad delictiva no permite conocer mucho de ella, tan sólo es posible hacer estimaciones aproximadas y extrapolaciones desde otros contextos criminales.

 

El Protocolo sobre el Tráfico de Personas adoptado por Naciones Unidas trata de suplir ese vacío legal y salvar la simplicidad con la que las leyes nacionales abordan la compleja realidad de la que participan, sin quererlo, muchas mujeres. Para Ángela Alemany, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, "el discurso público, desde las instituciones, sobre el tráfico es muy similar en cuanto a considerarlo práctica de delito, pero pierde coherencia a la hora de definirlo y abordarlo".

Otra voz autorizada en la materia, Janice Raymond, codirectora ejecutiva de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, explicaba en su ponencia que "el Protocolo aspira a una regulación del delito de tráfico desde un punto de vista transnacional y a una cooperación judicial". Además, proporciona importantes avances con respecto a la concepción de trata de seres humanos que impera en muchos países. Las personas traficadas dejan de ser consideradas ilegales, como consecuencia de su estado irregular, para ser tratadas como víctimas de la explotación y la violencia. Incluso, cuestiona "el consentimiento de las mujeres sometidas sexualmente, ya que introduce matices que ponen en duda la libertad de opción del individuo en determinadas circunstancias, aún cuando no intervenga el uso de la fuerza", según puso de manifiesto Alemany. La contemplación de otros condicionantes como el engaño o situaciones de vulnerabilidad que obliguen a una persona a consentir ante una situación no deseada se acerca al drama que padecen estas mujeres.

 

Pero la armonización legislativa debe, tal y como propuso Elena Valenciano, incluir necesariamente un endurecimiento de las penas que condenan la trata de mujeres, niños y niñas. Entre uno y cuatro años es el castigo que se aplica por este delito; una sanción inferior a la establecida para el tráfico de drogas o de armas. Pese a esa disparidad en el castigo, los beneficios son muy similares. "Por tanto, esta penalización más suave contribuye, de alguna manera, al incremento del delito, ya que el tráfico de seres humanos implica menos riesgo para las mafias", aseguró la responsable de Interpol.

 

Una cárcel sin barrotes

 

Más de 300.000 mujeres ejercen en nuestro país la prostitución, según el último informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). En Andalucía, en torno a las 21.000 comparten esa actividad, de acuerdo con el estudio elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Alejadas de un perfil que las definía como mujeres maduras y españolas, en España son ahora, en su mayoría, inmigrantes, que superan la cifra del 66 por ciento. Proceden sobre todo del África subsahariana y de Latinoamérica, "aunque en los últimos años se observa un incremento de mujeres de los países del Este", indica Rocío Nieto, presidenta de la Asociación Española APRAM. Pero no sólo la procedencia se ha modificado, también la edad; se trata de chicas muy jóvenes, entre 19 y 30 años.

 

Maltratadas, vejadas y privadas de libertad. Desnudas de dignidad, ellas constituyen el eslabón más débil de una cadena que completan proxenetas y clientes. Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, evidenciaba en su intervención inaugural claramente esta indefensión. "La esclavitud, la enfermedad y, en ocasiones, la muerte son las únicas alternativas a una situación que constituye un auténtico atentado contra los valores que informan nuestra cultura". Detrás del ejercicio de esa prostitución forzada existen precedentes de pobreza y miseria. Asfixiadas por un presente vacío de esperanza, las jóvenes caen con relativa facilidad en las mafias organizadas. Joanna Garnier, representante de la Asociación polaca La Estrada, ponía sobre la mesa unos datos muy clarividentes. "Aunque las mujeres en Polonia gozan de mayor nivel educativo, el desempleo del 17,4 por ciento castiga especialmente a la población femenina". En Tailandia la realidad no es mucho mejor. Allí, el turismo sexual también se alimenta de la pobreza, que "hace que muchas trabajen en la industria del sexo, en la que, a menudo, son abusadas y explotadas", argumentaba Siriporn Skrobanek, presidenta de la Fundación Mujeres de Tailandia.

 

En la inauguración del Encuentro, Teresa Jiménez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, apuntaba también la desigualdad de género como otro pilar fundamental en las implicaciones del tráfico de mujeres. "Ninguna de nosotros ignora que las mujeres somos siempre la latitud más castigada, que seguimos viviendo al sur de todos los nortes".

 

En medio de ese desamparo, las leyes, que se empeñan en señalarlas como inmigrantes ilegales, no parecen ayudar. Al menos ésa es la opinión de Valenciano, quien aseguraba que los gobiernos "las dejan en el más absoluto abandono. Cuando se las deporta, las condenamos a un destino muy cierto que pasa por el asesinato o por que sean, de nuevo, introducidas por las redes en el tráfico". Sin embargo, las víctimas son un instrumento muy valioso sobre el que se debe sustentar la lucha contra las redes de prostitución.

 

Ellas tienen mucho que decir

 

A pesar de los esfuerzos por inventarles límites al tráfico, éste sigue creciendo. Por eso, la mayor parte de las personas que asistieron al Encuentro reclamaban para las sometidas sexualmente mayor responsabilidad activa como vía para avanzar en la erradicación. De hecho, prácticamente toda la información que llega sobre estas tramas organizadas procede de ellas. Para que esa colaboración sea posible es imprescindible desarrollar propuestas que protejan a estas mujeres y las ayuden a abandonar la prostitución. Patsy Sorensen ya ha dado un primer paso; trabaja en el Parlamento Europeo en la concesión del permiso de residencia temporal a las víctimas del tráfico. Pero a juicio de Colette de Troy, coordinadora del Observatorio de violencia del Lobby Europeo de Mujeres, los permisos deben concederse sin condiciones, independientemente de si la joven decide colaborar con la justicia. La legislación española, en el artículo 55 de la Ley de Extranjería, prevé la protección para las víctimas que colaboran en la desarticulación de redes, aunque "demuestra ser insuficiente para garantizar esa cobertura a las mujeres explotadas", señalaba Belén Gómez, quien ponía el acento en el papel que están llamadas a desempeñar las ONG’s, por su independencia, su conocimiento del problema y su acercamiento a esas jóvenes. De cualquier forma, la defensa de las víctimas ha de ejercerse desde el respeto por los derechos humanos, algo que por el momento, "parece estar en segundo plano, como así demuestra la tendencia de algunos países europeos a separar su persecución del tráfico del compromiso de hacer algo por las víctimas", reconocía Sorensen.

 

No obstante, el trabajo con las mujeres en el destino ha de completarse con la prevención en el origen. Aunque "¿cómo podemos hacer que se resistan a las historias que se dicen sobre la tierra de la abundancia en el próspero Occidente?", se preguntaba la europarlamentaria. De Troy afinaba en su respuesta al orientar la ayuda a las raíces del problema, hacia el subdesarrollo y las desigualdades que sufren estos países. Patsy Sorensen propuso medidas más inmediatas centradas en campañas de concienciación e información.

 

La implicación del cliente

 

Un millón de españoles y 200.000 andaluces solicitan servicios de prostitución en nuestro país de forma cotidiana. Las cifras de los usuarios demuestran que "el tráfico comienza en el país de destino con la demanda", así de tajante se expresaba Donna Hughes, directora del Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad de Rhode Island, en un intento por acotar la lucha contra este delito. Según dicho planteamiento, apoyado por la mayoría de las ponentes, combatir esta actividad delictiva puede ser más efectivo si se reduce la demanda, que es el ámbito donde ejercen las mujeres controladas por las mafias. En ese contexto, abordar las relaciones entre tráfico y prostitución se hacen imprescindibles, ya que obviarlas es negar parte de las motivaciones que mueven a las mafias. Sin embargo, la consideración de esta práctica ha abierto una importante brecha entre los diferentes países de destino. Hasta el momento, la legislación sueca, que parte del presupuesto de que ambas actividades son violaciones de los derechos humanos de las mujeres, es la única que ha afrontado su penalización desde la compra de servicios sexuales. Justo en la orilla opuesta se encuentra Holanda, cuyas leyes legalizan la prostitución y otorgan a quien la ejerce un estatus de trabajadora. Según este espíritu, regular esta práctica traería consigo la desaparición de la explotación de menores y de la trata de mujeres. En cambio, los resultados han sido justamente los contrarios, ya que en la esfera ilegal siguen actuando con impunidad las redes de traficantes y ha aumentado el tráfico.

 

A pesar de las iniciativas emprendidas en el ámbito político y judicial, hasta el momento, el problema persiste sin visos de remitir. “La Ley de Extranjería no sirve para abordar la situación de las mujeres, el tratamiento a las víctimas debemos hacerlo desde un mayor humanismo, por ello es necesario un cambio en la aplicación de la ley”, apuntaba José Chamizo en su intervención. Por tanto, parece claro la necesidad de seguir propiciando debates en los que tengan cabida todos las áreas de discusión, "para acercar soluciones a una realidad que están padeciendo muchas mujeres", tal y como clausuraba en su discurso la directora del IAM.

 

Un viaje sin futuro (DESPIECE)

 

Nigeria es uno de los estados más castigados por el tráfico de mujeres y niños con fines sexuales. Las mafias internacionales tienen al gigante africano en su macabro punto de mira. El país, con unos 120 millones de habitantes, está asolado por una devastadora pobreza, que atañe al 40 por ciento de la población. De esta extrema precariedad se aprovechan las redes transnacionales de captación de mujeres. El tráfico sexual es un fenómeno relativamente reciente en el país, sin embargo, se calcula que, actualmente, unas 20.000 nigerianas están involucradas en la prostitución internacional.

 

Hasta los poblados y pueblos de la Nigeria más profunda acuden estas mafias para embaucar, con promesas de prosperidad sin límites en una Europa inventada, a las jóvenes de la localidad. La edad de reclutamiento es cada vez más baja. Urho Erameh, coordinadora de proyectos de la organización Womens Rights Watch-Nigeria, explicaba que "ahora los traficantes van a buscar las chicas a las escuelas de secundaria". En algunos casos, cuando deciden emprender el viaje son vírgenes y apenas tienen 12 años. En ese momento, engañadas, inocentes, creyendo que van a trabajar en una granja o en una peluquería, inician su tragedia personal. "Se convierten en esclavas de los traficantes. Se las obliga a firmar contratos onerosos en los que acuerdan pagar cantidades elevadas de dinero. Generalmente entre cincuenta y cien mil dólares". Las chicas recobran su libertad al devolver ese dinero, normalmente tras unos cuatro años.

 

Los traficantes, además de sus cuerpos, también secuestran sus almas. A través de rituales fetichistas y ante un sacerdote vudú, las víctimas juramentan guardar el secreto de su tragedia personal. Según explicaba esta nigeriana, "debido a nuestras creencias supersticiosas y al miedo a la hechicería, las víctimas se convierten en esclavas con el cerebro lavado y obedecen todas las órdenes de sus captores". Estas mujeres, petrificadas por el terror, se niegan a identificar a los traficantes hasta que el sacerdote no sea detenido.

 

Violadas durante el viaje, cuando llegan al país de destino son encerradas en moteles y burdeles. "Algunas se vuelven locas y son llevadas a manicomios". Otras mueren a manos de sus tiranos o víctimas del sida. Al resto tampoco les aguarda un futuro mejor. De vuelta a casa, tras ser deportadas por una legislación que penaliza a las víctimas, son vejadas públicamente. Identificadas en los medios de comunicación como prostitutas y obligadas a permanecer en comisaría hasta que les realicen las pruebas de sida, padecen hasta el rechazo de sus avergonzadas familias. Sin programas gubernamentales que se ocupen de su reinserción, sin futuro, sin esperanza, la triste historia de estas nigerianas es la historia de las miles de mujeres que cada año son víctimas del tráfico sexual.

 

 

Isabel Mateos

 

Artículo publicado en el nº 27 (cuarto trimestre Año 2002)

de la revista meridiam del Instituto Andaluz de la Mujer. 

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