Panorama actual y perspectivas de futuro

la espera de la aprobación final de la tan esperada Ley de la Dependencia, resurge un debate que tiene como eje central la atención domiciliaria. Bajo el calificativo de Servicios de Ayuda a Domicilio, también conocidos como Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), se engloba a todo un conjunto de recursos dirigidos a prestar apoyo y cuidados en su domicilio a las personas cuando, por cualquier circunstancia, dejan de ser autónomas para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria.
 
Hasta hace relativamente poco la atención a domicilio era un recurso en la sombra en comparación con los grandes números que baraja el sector residencial.
 
El sector público, por su parte, y, en concreto, las Administraciones Locales, órgano competente en esta materia, han estado dormidas durante años (hace más de veinte que disponen de competencias en atención domiciliaria), y buena parte de los mismos carece de un modelo definido de prestación de servicios a domicilio. Existe una falta latente de equidad en todo el territorio nacional. Los ratios de cobertura hablan por sí solos: si en Europa 18 de cada 100 personas mayores de 65 años reciben atención domiciliaria pública, en nuestro país únicamente lo hacen de media tres.

Sin embargo, desde hace aproximadamente un año, estamos viviendo un momento de verdadera ebullición y son constantes las noticias que contienen promesas políticas de desarrollo de planes de prestación de atención domiciliaria. Ayuntamientos y diputaciones se afanan por hablar de crecimiento en las partidas presupuestarias destinadas a este recurso, a prometer la universalización de servicios de teleasistencia, diversificación de la cartera de servicios, mayores ratios de cobertura etc. Aunque a priori esta muestra de interés en los servicios a domicilio debe ser vista con optimismo, no está exenta de un riesgo evidente por tres razones.

En primer lugar no hay que olvidar que la atención domiciliaria es un “recurso blando” debido a su carácter complementario o inicial en el proceso de dependencia del mayor. Por tanto, es un eslabón más en la cadena de atención a la dependencia y precisa de un complicado entramado que enlace recursos y ofrezca continuidad. Aquí es cuando contemplamos una situación bien compleja en la que la competencia de lo social se entremezcla con la sanitaria y las competencias locales lo hacen con las autonómicas, responsables de los servicios residenciales.
 
En segundo lugar, no podemos ampliar la cobertura de la atención domiciliaria sin definir un marco de financiación para los mismos. Es evidente que si en España existen en la actualidad más de dos millones de personas mayores de 65 años con algún grado de dependencia, no sea posible financiar la atención a los mismos sin recurrir a la cofinanciación, por ejemplo. Existen diversas fórmulas como la del cheque-domicilio que están teniendo buena respuesta por las partes implicadas.

Por último, y no menos importante, para hablar de un sistema eficiente de prestación hay que contar necesariamente con la iniciativa privada.

Por otra parte, hay que definir el marco de colaboración entre el sector privado y el público. El mejor esquema por eficiencia y eficacia de resultados es el que aboga por que las fases iniciales de detección de la demanda y finales, control y seguimiento, sean públicos mientras que la prestación efectiva y núcleo de la atención esté en manos del sector privado. Ahora bien, siempre mejorando los acuerdos económicos de colaboración actuales para garantizar así la calidad asistencial.

No son ciertas aquellas afirmaciones recientes que predican que el sector privado no está preparado para atender a la demanda. Lo que sí es cierto es que el sector privado de atención a domicilio debe enfrentarse a una problemática muy diversa y, a la vez, particular que, para su solución, paradójicamente, requiere de la intervención de las Administraciones.

El último estudio de mercado realizado en inforesidencias.com el mes de septiembre de 2005 muestra cómo en el panorama actual existen en España algo más de 1000 empresas de atención domiciliaria legalmente constituidas, de las cuales escasamente un 50% aparecen en un registro oficial. Las más antiguas y consolidadas son entidades en su mayoría sin ánimo de lucro y cooperativas de trabajadoras familiares, cerca de un 70% se crearon hace menos de tres años.

Observamos también un despertar de los grupos nacionales hacia la puesta en marcha de esta actividad, con pretenciosos planes de desarrollo en su mayoría acompañados de la teleasistencia. La parte negativa del estudio nos desveló que casi una cuarta parte de las empresas de reciente creación no supera el año de existencia. Este hecho está íntimamente relacionado con las barreras actuales con las que se enfrentan las empresas de atención domiciliaria.

La competencia “informal” o, mejor dicho, ilegal que suponen las empresas que trabajan por debajo de convenio, los trabajadores en su mayoría extranjeros sin papeles e, incluso, algunas administraciones que ofrecen concursos por debajo de precios de mercado son los culpables, junto con otros factores como la falta de concienciación social (la población en general valora el servicio profesional), la indefinición actual de programas de colaboración con la administración (como hemos tratado anteriormente) y la preocupante falta de profesionales preparados, es lo que imposibilita el avance hacia la profesionalización y consolidación del sector.

El futuro pasa inexcusablemente por una colaboración más estrecha entre lo público y lo privado (definición de modelos, reforma laboral, medidas fiscales que favorezcan la contratación privada de servicios etc,), la integración de servicios, la incorporación de las nuevas tecnologías como complemento a la atención domiciliaria y, por supuesto, no olvidar al mayor en la definición de la cartera de servicios. De esta manera evitaremos errores como los que han cometido muchas empresas en el sector de las residencias. Apostemos por la atención domiciliaria como un recurso de primera línea.