El segundo aspecto es la inestabilidad de la situación, no sólo por las presiones comprensibles de EE.UU. y otros países para que el tipo de cambio del yuan refleje la realidad económica subyacente, sino también porque esta política de estabilidad cambiaria en cuestiones desde el punto de vista de la conveniencia de la propia China. En realidad está acumulando dólares en productos financieros de bajo rendimiento, básicamente títulos de deuda del tesoro. Esta demanda de dólares frena su depreciación y la oferta de yuanes con que se compran evita la apreciación de la moneda china. La tendencia a la depreciación del dólar es un riesgo claro para el valor de los bonos americanos, pero es peor el hecho de que estos recursos no están financiando el crecimiento de las infraestructuras chinas, con lo que se profundiza la dualidad entre una franja costera en rápido crecimiento y un interior en donde parte de la población está poco por encima del nivel de subsistencia.

En tercer lugar hay un elemento de deslealtad competitiva entre los productores que compran y pagan con una moneda de valor revalidado cotidianamente por el mercado y los que están al margen, con una paridad intervenida. Los tipos de cambio dobles y otras medidas de apoyo a la exportación, como créditos a tipos de interés preferente a los que se asignaba una cuota del total de los pasivos captados por las entidades crediticias, están cuestionadas por las autoridades de defensa de la competencia y entidades internacionales como la Organización Mundial de Comercio y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, por lo que parece razonable que países que tienen importantes ventajas competitivas, como China y el resto del sudoeste asiático, eviten estas medidas, tanto más cuanto que sus mercados están protegidos por aranceles elevados, tasas adicionales y se añaden otras barreras.

Una vertiente adicional está en la rotura del vínculo entre la oferta monetaria y el crecimiento económico. La envergadura de la economía china y la elevada tasa de ahorro de su población aporta un elevado volumen de financiación que, añadido a la oferta monetaria, hacen que descienda la retribución del ahorro, con lo que se explica la mayor propensión al consumo de familias.

A lo anterior se puede añadir el impacto de la oferta de trabajo en actividades industriales sujetas a la competencia externa. La demanda de horas de trabajo por parte de los empleadores deriva de la que hay por sus productos. Si esa demanda se va hacia la producción de otros países con menores costes laborales, es obvio que la presión para frenar el alza de salarios se refuerza, a menos que se compense con aumentos en la eficiencia, en las prestaciones que puede aportar la innovación, en la rapidez de respuesta a cambios en la demanda y, en definitiva, en el abanico de atributos que configuran la oferta.

Los factores macroeconómicos que configuran la competitividad, tales como coste de crédito, nivel de precios, tipo de cambio y otros escapan al control de las autoridades de la mayor parte de los países industrializados. La ventaja competitiva es difícil de mantener por la vía del uso de la tecnología, porque ésta se incorpora en los bienes de equipo que, con el abaratamaiento del coste de transporte, pueden comprarse para ser usados en cualquier sitio. De aquí se deriva que en los países de la eurozona, donde el estado de bienestar está muy desarrollado y donde los intentos de una marcha atrás genera huelgas generales, se deba recurrir a otras respuestas que no es fácil encontrar en la panoplia de herramientas de las políticas expansivas tradicionales.

La respuesta puede encontrarse en las ventajas asociadas a la cooperación y a la adaptación. En el primer caso se trata de conseguir cooperación entre empresas, entre éstas y los centros tecnológicos o de innovación a fin de acceder a la mejor tecnología, y reducir drásticamente el coste de mejorar el catálogo de ofertas. En la segunda se trata de que las empresas cooperen con los sindicatos y las AA.PP.; con los primeros para ajustar las cargas de trabajo a la situación de la demanda sin que la flexibilidad se traduzca en aumento de costes y para que el flujo de iniciativas e ideas del personal se traduzcan en mejora continua, mientras que con las segundas se trata de eliminar los costes no productivos que genera la normativa desfasada o ineficiente, así como de distribuir los recursos públicos de modo que se optimice su contribución al crecimiento y su sostenibilidad.