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| 03/09/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Muertos en el Yak-42 y sus familias - II 
El accidente se produjo después de dos intentos fallidos de aterrizaje. La primera versión que dio el Ministerio de Defensa español fue que las condiciones atmosféricas provocaron el accidente. El 14 de julio de 2003, el subdirector general de aviación civil de Turquía y presidente de la comisión investigadora del accidente, Umit Cendek, confirmó en Madrid que el accidente se había producido a causa de un error humano. El piloto se equivocó de rumbo. Una de las dos cajas negras del avión, la que graba las conversaciones en la cabina, no funcionó. El ministro de Defensa, Federico Trillo, quitó importancia al hecho diciendo que los datos importantes serían los que se derivasen de las conversaciones de los tripulantes con la torre de control. Las cajas negras fueron examinadas en Moscú ya que el aparato fue construido por una compañía rusa. El Ministerio de Defensa no participó en la investigación, pero el 2 de junio de 2003 mandó a dos observadores (el general Francisco Sánchez Borrallo y el coronel Rafael Sánchez Gómez) para que controlaran los datos se obtenían. Los análisis forenses revelaron que dos pilotos y una azafata registraban dosis de alcohol superiores a las normales, pero los expertos indicaron que podía ser un efecto de la explosión y la combustión del carburante. Se había informado en un principio que los tripulantes ucranianos muertos en el accidente fueron 12, pero al examinar los restos humanos apareció otra persona de nacionalidad rusa. La contratación del Yak-42 fue hecha por el Ministerio de Defensa español a través de la agencia de servicios de la OTAN, NAMSA. La agencia adjudicó al intermediario británico Chapman Freeborn la gestión de los vuelos a Afganistán. Freeborn ofreció diversos “aviones basura” ucranianos y rusos de compañías de vuelos chárter con precios parecidos a los europeos. Los militares belgas, holandeses y suecos se negaron a viajar en ellos. Los españoles hicieron un total de 45 vuelos, pero dejando constancia de su malestar y quejándose de las pésimas condiciones de los aparatos. Un mes antes del accidente el PSOE conociendo la situación, formuló una batería de preguntas por escrito a Federico Trillo. El ex ministro contestó que no le constaba ninguna irregularidad. En el Congreso Trillo sostuvo que ningún jefe de las misiones en Afganistán se había quejado de los transportes cuando en realidad habían 12 informes negativos. Air Ucraniam Mediterranea, titular del avión siniestrado, no tenía seguro de pasajeros. Por esta causa Defensa anticipó el pago de los 60.000 euros prometidos por cada militar muerto y se comprometió a litigar con la agencia de la OTAN y con la del intermediario británico. La mayoría de los familiares de los desaparecidos se constituyeron en Asociación para tener más fuerza en sus reclamaciones. La historia Los féretros de los militares muertos fueron repatriados el 29 de de mayo de 2003. En la pista de la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), los familiares increparon al ex ministro de Defensa y al entonces presidente del Gobierno José María Aznar, debido a cómo habían sido tratados y a las sospechas de que las identificaciones de los cadáveres fueran erróneas. A los familiares se les asignó un oficial por cada muerto y se les impidió abrir los ataúdes, lo que aumentó su desconfianza. ontratada por la Asociación Cuando, por mediación de la abogada turca Belkis Baysal, contratada por la Asociación de las Víctimas del Yak-42, se consiguió el acta de la Fiscalía turca en la que se demostraba que 30 de los cadáveres estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación; y se comprobó que Defensa no presentaba litigio judicial contra la agencia de servicios de la OTAN, NAMSA, ni contra la compañía intermediaria británica Chapman Freeborn, los familiares de los desaparecidos reclamaron una comisión de investigación parlamentaria. El PP, utilizando su mayoría absoluta, se la denegó. Apelaron entonces a la Audiencia Nacional, que denegó también su demanda porque el siniestro había ocurrido fuera de las fronteras españolas y el avión era de un tercer país.
Finalmente, con la ayuda del nuevo titular de Defensa, José Bono, 60 de los familiares de los fallecidos se trasladaron a Estambul el 16 de mayo de 2004, (a poco menos de un mes después de que se produjera el cambio de Gobierno y Bono sustituyera a Trillo al frente del Ministerio de Defensa). 39 de ellos se sometieron, en el Instituto Anatómico Forense de esa ciudad, a una extracción de sangre para determinar su ADN y cotejarlos con las muestras en poder de la justicia turca. De las 39 pruebas y de las comparaciones hechas se vio que los cuerpos de 22 muertos no se correspondían con los entregados a las familias. En 17 casos las pruebas coincidían. 23 familias no se sometieron a las pruebas. La Asociación de las Víctimas del Yak-42 reclamó el 25-06-2004 la dimisión del ex ministro de defensa Federico Trillo como diputado y la intervención del fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, para establecer las responsabilidades penales. Según el presidente de la Asociación de las Víctimas del Yak-42, Carlos Ripollés, los informes definitivos del juzgado de Macka (Turquía) confirman los errores de identificación que las familias ya temían, después de saber que sólo 32 de los cadáveres de los 62 muertos habían estado identificados el 28 de mayo de 2003. Los certificados de identificación fueron firmados por los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, a los cuales se les solicitará responsabilidad penal. Para Ripollés, “los errores de identificación comportan responsabilidades con nombres y apellidos: en primer lugar la del ex ministro Federico Trillo, por haber dado informes falsos al Parlamento, a las familias y a España; en segundo lugar la del ex secretario de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, un diplomático de tercera categoría”. Respecto a las responsabilidades militares, Ripollés pidió la “destitución fulminante” del jefe del estado Mayor de la Defensa y del jefe del Ejército de Tierra. En junio de 2004 fueron relevados por el ministro Bono. Juicios
En mayo de 2006 la Asociación de Víctimas del Yak-42 solicitó que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Luis Alejandre Sintes, quien, en la reunión que mantuvo en la mañana del 28 de mayo de 2003, en la sala de juntas anexa al despacho del ministro Trillo con los miembros del Consejo de Dirección del departamento, había propuesto “entregar a los familiares únicamente aquellos cuerpos identificados de forma positiva y trasladar los demás a un tanatorio a la espera de que dicha identificación positiva se produjera” (existe una nota informativa, fechada el 30-06-2003, sobre esta reunión del Consejo de Dirección de Defensa, firmada por el jefe de la cúpula militar, Félix Sanz, y publicada en El País, 25-05-2009), y el ex ministro de Defensa Federico Trillo comparecieran como testigos en el proceso que se seguía en la Audiencia Nacional por el siniestro del avión. Según publicó El País el 26-04-2006, Trillo conoció antes del funeral, que se celebró el 28 de mayo de 2003, que había dudas sobre las entidades de los fallecidos. Según esta versión, el equipo político del ministerio decidió asumir la organización del funeral, en la que no participó el ejército. Tras la reapertura del procedimiento en enero de 2008 por mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para investigar las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano, el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos pidió, el 19-05-2008, la imputación del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa almirante general Antonio Moreno Barberá y del ex jefe del Estado Mayor Conjunto teniente general Juan Luís Ibarreta, así como otros cuatro militares de menor graduación, al juez central de instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska. El informe definitivo de la comisión internacional de investigación señala que el Yak-42 nunca debió despegar ya que tenía algunos sistemas averiados (como una de las cajas negras), y que la fatiga y falta de preparación de la tripulación fueron elementos coadyuvantes al accidente. La responsabilidad, a juicio del fiscal, recaería en el almirante Moreno Barberá, como jefe del Estado Mayor de la Defensa, en su subordinado, el teniente general Juan Luís Ibarreta, así como en algunos o todos los oficiales del grupo de control de estos vuelos. No acusa a ex ministro Trillo por considerar que la competencia para contratar aviones con la agencia NAMSA de la OTAN y la responsabilidad de controlar el desarrollo de los contratos correspondían al Estado Mayor de la Defensa. La fiscalía les imputa 62 delitos de homicidio imprudente por la muerte de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. El ministerio público no acusa en cambio a quien era ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo-Figueroa. Por primera vez en España un ex jefe de la cúpula militar compareció como imputado ante el juez (23 de junio de 2008), también lo hizo el teniente general Ibarreta y tres oficiales. El juez imputa a todos ellos un delito de homicidio imprudente, que el Código Penal castiga con una pena entre uno y cuatro años de prisión y hasta seis de inhabilitación. En realidad sería un delito por cada uno de los militares muertos. El juez deja abierta la posibilidad de “investigar el abono del precio y su destino efectivo”, ya que el 33% de los 149.000 euros que Defensa pagó por el alquiler del Yak-42 acabaron en bolsillos de intermediarios. El juez instructor Marlaska, dividió el caso del Yak-42 en dos sumarios: uno sobre la contratación del avión y otro por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos. El juicio sobre las falsas identificaciones empezó el 24 de marzo de 2009 imputando al general Vicente Navarro un delito continuado de falsificación de documento oficial por la errónea identificación de 30 de las 62 víctimas (todas las que no fueron identificadas con el acuerdo de los forenses turcos). El entonces embajador de España en Turquía, Manuel de la Cámara, explicó en un documento que el general Navarro, al salir del tanatorio turco, comentó que algunos cuerpos estaban irreconocibles y que Trillo instó al general a que prosiguiera la tarea, anunciándole que al día siguiente debían ser repatriados en tres aviones de transporte. Los cadáveres salieron de Turquía sin que se inscribiera el fallecimiento en el registro consular ni existieran certificados de defunción. Navarro los elaboró en Madrid, ya que de otra forma no hubiera sido posible darles sepultura. Se le acusa por estos certificados falsos. El ex cónsul general de España en Estambul, Raimundo Ezquerra, había firmado un documento a mano y de madrugada, poco antes de que despegara rumbo a España el primer avión con restos. En el documento se decía que no se daban los requisitos para la inscripción de las defunciones. El general Navarro firmó un acta de la fiscalía turca en la que confesaba ser consciente de que casi la mitad de los cadáveres estaban sin identificar cuando se repatriaron a España. En la sesión del juicio del 24-03-2009, se justificó alegando que no entendió el documento porque el traductor era muy deficiente y no le leyó este párrafo. En su opinión, no hubo error en las identificaciones, “sino en la entrega de los cadáveres” a las familias. Fue “una concatenación de factores”. Según las declaraciones hechas en el juicio, el 25-03-2009, por el teniente general José Antonio Beltrán, el 28 de mayo de 2003, cuando aterrizó en Torrejón de Ardoz, tras cumplir la orden de Trillo: “Traedme los cadáveres cuanto antes”, el ministro le dio la mano, le felicito, le dio las gracias y le dijo: “Menos mal que habéis llegado porque está el funeral de Estado”. El juez exoneró a Beltrán porque, al no ser médico, no pudo tener responsabilidad en las identificaciones, a pesar de que Trillo le encargó personalmente que coordinara el equipo enviado a Turquía. El comandante jurídico, Alberto Ruiz de los Paños, se ratificó en que escuchó como, a las 0.30 del día 28, el fiscal turco anunciaba a los generales Beltrán y Navarro que iba a entregarles “32 cadáveres identificados y 30 por identificar”. Así se reflejaba en el acta que ambos firmaron a las 2.20 del mismo día, poco antes de emprender el regreso a España. El capitán Antonio González, enfermero, declaró que la última noche les dijeron que “había que darse prisa y acabar el enferetrado [sic]” para llegar a tiempo al funeral de Estado. El tribunal rechazó (24-03-2009) citar como testigos a Bono, Manuel de la Cámara, Alejandre, José María Aznar o a Trillo entre otros. En la sesión del 03-04-2009, el forense turco, Bulent Sam, dijo que las labores de identificación se hicieron en presencia de un traductor, por ello el general Navarro conoció en todo momento el contenido del documento que le dieron a firmar las autoridades turcas en el que se reflejaba que se desconocía la identidad de 30 de los 62 fallecidos, desmontando así el principal argumento que utilizó Navarro para exculparse. Navarro aseguró que firmó ese documento sin conocer su contenido “porque estaba todo en turco”. Sam acusó a Navarro y al resto de acusados de mentir y descargó sobre ellos la responsabilidad de la deficiente identificación de los cadáveres. En unas declaraciones a la cadena SER, el forense turco aseguró que en todo momento estuvo presente un traductor. “Yo hablaba inglés con el general Vicente Navarro”, el mando militar español “hablaba un inglés perfecto”. Sam confirmó que los forenses turcos conservan las muestras de ADN de todos los soldados. “Normalmente conservamos las muestras durante cinco años, pero en casos especiales como éste las conservamos al menos durante 10”. Bulent Sam afirmó que el Ministerio de Defensa español intentó que Turquía asumiera los errores de las identificaciones: “El 11 de marzo de 2004 el ex secretario de Estado de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, vino a Turquía y pidió a las autoridades turcas que aceptaran todos los problemas que estaban surgiendo, pero no lo aceptamos”. Las familias Los familiares denunciaron “engaños” y “maltrato psicológico” por parte de los responsables de Defensa. Carlos Ripollés, hermano de un fallecido, aseguró ante el tribunal “se dieron órdenes para enterrarlos de noche como si fueran perros o terroristas” (EFE). Las familias recuerdan el trato de Jiménez-Ugarte, ex número tres de Trillo, como “humillante”. “Agresivo y sutilmente amenazante”, recuerda Miguel Ángel Sencianes, de la Asociación de Familias del Yak-42. Él había informado a Ugarte: “Mi hermano me había dicho que aquellos aviones no eran seguros" y le dije [a Ugarte] que quería aclararlo con él. Entonces subió el tono, me tiró un informe que tenía sobre la mesa, y me dijo: “Dime cuál es la queja de tu hermano”. La familia del comandante José Manuel Ripollés, recuerda que su hermano les dijo: “Me voy a subir a una tartana”. A los padres del sargento David García Paredes se les convenció de que no abrieran el féretro y se les entregó un reloj estropeado diciendo que era de su hijo, cuando en realidad no lo era. Cuando intentaron devolverlo, se les dijo que se lo quedaran. “Yo sólo quiero ir al cementerio, sentarme junto a la tumba de mi hijo y saber que él está allí, que no le estoy hablando a otro” (María Sanz, madre del sargento Sergio López, en un hotel de Estambul en mayo de 2004). Los familiares de los militares españoles muertos en el avión Yak-42 llevan luchando para esclarecer las responsabilidades de los errores en las identificaciones de los cuerpos desde el 29 de mayo de 2003, fecha en que fueron repatriados los cuerpos. Fin del juicio El 20 de abril concluyó el juicio del caso Yak 42. El fiscal ha solicitado cinco y cuatro años y medio de cárcel para los tres acusados, el general de Sanidad Vicente Navarro y los capitanes médicos Ramírez y Sáez por “inventarse” las identificaciones y alterar documentación oficial. Los familiares de las víctimas creen que el juicio no ha arrojado luz suficiente sobre las razones que movieron a los responsables del ejército a identificar los cuerpos con tanta rapidez e incompetencia y echan en falta que se hayan soslayado las eventuales responsabilidades políticas. Sentencia El 19 de mayo se dictó la sentencia: 3 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro por un delito de falsedad, y un año y medio para los capitanes médicos Ramírez y Sáez como cómplices de la falsedad. Como la sentencia no es firme los inculpados no ingresarán en prisión de momento. El general sólo lo hará si el Supremo confirma la sentencia, que va a ser recurrida. Los oficiales, al carecer de antecedentes y haberles sido impuesta una pena inferior a los dos años, posiblemente se librarán de ella.
Fuentes: 22-05-2009: Revisado y publicación de nuevos datos
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El acta de la Fiscalía turca indicaba que el Instituto Toxicológico de Estambul guardaba muestras de todos los cadáveres, lo que permitía realizar pruebas de ADN, en contra de lo que había asegurado el Ministerio de Defensa por medio de una nota hecha pública el 3 de marzo de 2004: “la toma de muestras de ADN a la que se refieren algunas informaciones periodísticas no fue considerada necesaria por el equipo médico desplazado a Turquía”. El equipo del Ministerio de Defensa, presidido por Federico Trillo, maniobró hasta última hora para impedir que los familiares de los desaparecidos viajaran a Turquía a comprobar los errores en la identificación de los militares muertos (hay una carta que lo hace evidente enviada por Javier Jiménez Ugarte, el 23 de marzo de 2004, al ministro de Defensa Federico Trillo, que ha sido publicada por diversos medios, entre ellos El País, 15-11-2004). 
En el mes de noviembre de 2004 se empezó un proceso en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional donde comparecieron como imputados el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán y el general de división médico Vicente Navarro, que habían firmado los certificados de identificación. Estuvieron citados los dos oficiales médicos que extendieron los partes de autopsia. 
