El mercurio es un elemento químico peligroso que pasa de las industrias contaminantes a los océanos y al pescado que comemos. El mercurio que las industrias liberan al medio ambiente termina en nuestros océanos y contamina el pescado y el marisco que consumimos. Como éste se acumula en la flora y la fauna mediante un proceso llamado bioacumulación, los animales que se encuentran en lo alto de la cadena trófica son los que cuentan con más mercurio. Gran parte de los peces que comemos, como el atún y el pez espada, se encuentran cerca del nivel más alto de la cadena trófica marina.

Las personas que ingieren grandes cantidades de mercurio a través de alimentos como el pescado pueden sufrir problemas de salud, como retrasos del desarrollo neurológico infantil. Tanto la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental (EPA) como la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos (FDA) han aconsejado a las mujeres de edad fértil y a los niños a no consumir determinados tipos de pescado a causa de sus altos niveles de mercurio.

También se encuentran altos niveles de mercurio en animales como osos polares, ballenas y tiburones.

Una pequeña parte de la industria del cloro es una de las causas principales –y completamente evitables– de la crisis global del mercurio. 

Algunas plantas industriales siguen usando mercurio en el proceso de fabricación de cloro. No sólo existen tecnologías más nuevas y libres de mercurio desde hace décadas, sino que cientos de fábricas de todo el mundo se han pasado a tecnologías más modernas por motivos medioambientales y porque ello les supone un gran ahorro energético.

La campaña que Oceana desarrolla en EE UU para detener la contaminación marina de mercurio trabaja para que los grandes supermercados incluyan la advertencia de la FDA sobre la presencia de mercurio en el pescado. Además se pretende que las plantas de cloro que todavía usan mercurio adopten una tecnología libre de mercurio. Desde que empezó la campaña, centenares de grandes supermercados han empezado a exponer la advertencia y varias fábricas de cloro han cerrado o se han pasado a otras tecnologías más limpias.

Sentencia de la Audiencia Nacional

Oceana muestra su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la Secretaría General del Mar a facilitar los datos correspondientes al cercenamiento de aletas de tiburón a bordo de los barcos palangreros de la flota española. Tras llevar pidiendo esta información desde 2007, Oceana solicita la rápida ejecución de la sentencia, conocida el 23 de diciembre de 2009. Ésta establece también la entrega de información sobre el nivel de toxicidad por metales pesados acumulado por distintas especies de peces explotados por el sector pesquero en este país.

La sentencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo contra el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, obliga al mismo a facilitar estos datos a Oceana, de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Ana Barreira, abogada de Oceana y Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, ha declarado: “De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, tanto los ciudadanos como las ONG tienen derecho a acceder a la información de carácter ambiental. Es desafortunado que algunas administraciones sigan poniendo trabas. Tener que acudir a los tribunales para que este derecho sea respetado, tal y como ha sucedido con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional a favor de Oceana, pone en evidencia fallos en el Estado de derecho y supone una pérdida de recursos”. 

Según Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa, “la transparencia en la información de la que dispone la Administración, y que ha obtenido utilizando recursos públicos, es imprescindible para que organizaciones como la nuestra puedan llevar a cabo de forma efectiva sus tareas de conservación de los recursos y ecosistemas marinos. Por ello no dudaremos en utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para tener acceso a esos datos. El Gobierno español prometió transparencia informativa. Debe practicarla”.