adie le había prestado atención desde que nació, hace 22 años, con un profundo retraso mental, autismo y epilepsia, pero ahora que un desaprensivo la ha violado dejándola embarazada, hasta Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano del presidente, se ha interesado por ella. Y ése es precisamente el problema. La intervención de Bush pidiendo a la justicia que nombre un tutor legal para el feto ha enfurecido a los defensores del derecho al aborto, partidarios de que sólo a la madre se le asigne tutor, que se encargaría de decidir si debe abortar.

La joven, cuya identidad permanece anónima por decisión judicial, no tiene familia. Vivió de niña, yendo de casa en casa de padres adoptivos, y en centros de acogida desde que era adolescente. En uno de esos centros, hace seis meses, alguien la violó pero los trabajadores de los servicios sociales no se dieron cuenta hasta hace unas semanas, cuando ya su preñez era obvia.

Aparte del escándalo y del peloteo de responsabilidades que inmediatamente provocó el descubrimiento, el caso abrió un dilema ético-jurídico que ha caldeado el debate sobre el aborto. De un lado Bush, católico conservador, dice que se ha visto "moralmente obligado a interceder por una vida inocente", pero el nombramiento de un tutor para el feto forzaría a la madre a dar a luz. En esta batalla, el paso de los días es crucial. Los abogados del Estado en representación de Bush, han estado usando tácticas dilatorias y ayer obtuvieron una victoria parcial al conseguir que el juez Robert Kirkwood posponga sin fecha su decisión.

Nadie ha pedido por el momento un aborto en nombre de la embarazada, pero tres influyentes grupos de derechos civiles han solicitado al juez que deniegue la petición de Bush. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), La Organización Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos para la Reproducción consideran que el gobernador está actuando por razones políticas, para congraciarse con la ultraderechista e influyente Coalición Cristiana. "Lo que está haciendo Bush es una crueldad", afirma Howard Simon, director en Miami de ACLU.

La jurisprudencia está de parte de esas organizaciones. En el único precedente legal en Florida, el Tribunal Supremo del Estado sentenció en 1989 que era "claramente inapropiado" nombrar un tutor para un feto. Precisamente el jueves un juez autorizó en Miami un aborto en un caso similar, aplicando esa doctrina. La mujer, de 28 años, con una profunda discapacidad, fue también violada en un centro de acogida. Y en 1991 los parlamentarios de Florida aprobaron una indemnización de ocho millones de dólares a otra víctima a otra violada en un centro de acogida administrado por el Departamento de Niños y Familias.

Ese departamento tiene un historial penoso, que ha manchado las aspiraciones políticas de Bush. Además de las violaciones, decenas de niños han desaparecido mientras estaban bajo su custodia y otros han muerto por maltrato. Paralelamente al actual proceso legal, la policía ha abierto una investigación  sobre el departamento de servicios sociales a Familias, a raíz del caso de la joven de 22 años. Pero se han topado con un obstáculo: la víctima no tiene capacidad para describir al violador ni puede autorizar que le hagan la prueba del ADN al feto. R. Townsend

Más información: El País, 17-05-2003