El progreso ha sido considerable, en efecto, allí donde funciona un estado de derecho y existe un reconocimiento real de los derechos humanos. En las sociedades democráticas, las mujeres ahora ven reconocidos el derecho a participar en la vida política, con el sufragio universal, el derecho a disfrutar de las libertades individuales, así como todos los derechos vinculados al Estado social: educación, protección de la salud, trabajo, seguridad social. Incluso se han empezado a dar pasos eficaces, aunque lentos, a favor de eso que ha dado en llamarse “democracia paritaria”, es decir, una representación democrática que refleje realmente la distribución sexual socialmente existente.

Los logros alcanzados, sin embargo, no deben llevarnos a triunfalismos autocomplacientes y, a fin de cuentas, estériles, si atendemos tanto al mantenimiento de los objetivos conseguidos, como al de perseguir nuevas metas. La tarea no está cumplida. Hay aún discriminaciones muy visibles, amenazas constantes de retroceso, una cierta indiferencia juvenil o, para ser más exacta, una falta de reconocimiento más explícito de todo lo conseguido. Las injusticias, públicas y privadas, no han desaparecido del todo. Basta hacer una breve referencia a la violencia de género para demostrarlo. Lo cual hace pensar que faltan políticas contundentes capaces de producir el vuelco necesario para que el cambio sea profundo y estable.

Concretamente, el estado de bienestar, que ha supuesto un claro impulso con vistas a liberar a las mujeres de las cadenas que le impedían moverse libremente, es un modelo de Estado con demasiadas fisuras y fallos, los cuales son un obstáculo para que la emancipación femenina siga su proceso. La mujer “liberada” se encuentra en medio de un remolino de contradicciones hoy por hoy muy mal resueltas.

La primera contradicción que se constata es un creciente apego a la familia, a pesar de las sucesivas crisis y transformaciones que la institución familiar padece. Como se ha indicado en más de una ocasión, la familia seguirá siendo necesaria en la medida en que sea capaz de constituir un reducto de seguridad y afecto en el cual las personas, y en especial los niños, niñas y jóvenes, se sientan a salvo de las agresiones características de nuestras sociedades, y en especial, de un mundo laboral competitivo y poco amable. Dicho reducto de seguridad no es, como sabemos, un lecho de rosas: la convivencia familiar no es fácil ni la vida en pareja está exenta de frustraciones y desengaños, más dolorosos y sentidos que los externos, precisamente porque son más íntimos. Todas estas dificultades han llevado a ensayar nuevos modelos de familia –monoparental, parejas de hecho- los cuales, lejos de superar los problemas de la familia nuclear, han tropezado con problemas nuevos y no menos difíciles de conjurar que los anteriores.

Sea cual sea el modelo, el apego a la familia no decrece. Una evidencia que no suelen tener en cuenta los sectores más progresistas y que, en consecuencia, encaja mal en las teorías de la misma procedencia. No obstante, las encuestas nos dan reiteradamente el dato de que la familia es el valor más apreciado por la juventud de nuestro tiempo. Un dato que, por lo menos en España, tiene una confirmación fehaciente en la reticencia creciente de los y las jóvenes a abandonar la seguridad del hogar. Reticencia abonada no sólo por el espectro de valores hedonistas que influye sin duda en un comportamiento joven que no entiende mucho de compromisos a largo plazo, sino por el hecho, más determinante, de que las familias cargan en España con una serie de obligaciones, servicios y cuidados que, en otras latitudes, son responsabilidad del Estado. La escasez de guarderías públicas y de prestaciones igualmente públicas para los mayores son dos ilustraciones evidentes de lo que digo.

Una segunda contradicción es la realidad de las mujeres profesionales, que se ven a sí mismas y son vistas por las demás personas, especialmente por las más jóvenes, como el “ama de casa que trabaja”[1]. La identidad profesional no ha supuesto, en sus casos, el abandono de la identidad de ama de casa. Lo que no impide, por otra parte, que el ama de casa sea, a su vez, una figura en claro declive, ya que la liberación de la mujer la ha llevado a desechar la unidimensionalidad del trabajo doméstico. Pocas mujeres quieren ver reducida su condición a la eufemística dedicación a “sus labores”. Nadie se reconoce hoy en la figura del ama de casa, pese a que la casa –o la familia- sigue necesitando a alguien –un ama, un amo, o ambos a la vez- que se haga cargo de su funcionamiento.

Las contradicciones mencionadas indican que quien debería garantizar los derechos sociales –la administración pública- no está cumpliendo satisfactoriamente. Las políticas de bienestar que tenemos no cubren ni de lejos las necesidades crecientes. En España, el gasto sanitario y educativo es el más bajo de la UE. La asistencia social está sólo mínimamente atendida: ni guarderías, ni política de viviendas para jóvenes, ni becas para estudiar fuera de casa, ni residencias o servicios domiciliarios para ancianos y ancianas. Estamos a millas de distancia de los países europeos donde el estado social es más potente.

Mientras el estado asistencial persista en no atender las necesidades mínimas de bienestar será imposible resolver las contradicciones analizadas más arriba. Tanto el apego a la familia como la persistencia, a nuestro pesar, de la figura del ama de casa derivan de una situación que hace a la familia mucho más necesaria de lo que lo sería si el Estado se ocupara más de atender a los niños, niñas, jóvenes, a personas enfermas y ancianas. La mujer necesita más que nadie un estado social fuerte, que descargue a la familia de las tareas de asistencia social. Es ahí donde se descubre que sin igualdad de condiciones y de oportunidades, la libertad es un mito. Sólo puede entenderse como una forma de dominación la que lleva a perpetuar unos modelos tradicionales que acentúan la desigualdad y la discriminación cargando sobre la mujer tareas que no tienen por qué ser exclusivas de su género.

La emancipación de la mujer ha puesto de manifiesto que la igualdad profesional o política no prosperan si persiste la desigualdad privada. Y para que ésta desaparezca no bastan los buenos propósitos, aunque también son bienvenidos y necesarios. Hacen falta políticas de bienestar más decididas, que cubran todas esas necesidades básicas que surgen con el desarrollo del bienestar. En consecuencia, la agenda pública tiene que ser más amplia y atacar la raíz de los problemas, en lugar de limitarse a propiciar medidas más o menos caritativas[2]. Si a alguien debe interesarle que el estado social no se desmorone ni adelgace es a aquellos sectores de la sociedad que siempre han sido débiles y se han visto sometidos. La lucha del feminismo por una democracia paritaria no debería ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para una política auténticamente social.